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El Gobierno central, más concretamente la comisión integrada por los ministerios de Fomento y de Cultura, ha rechazado los proyectos de rehabilitación cultural presentados por Balears, lo que supone la pérdida de 500 millones de pesetas. Desde Madrid se alude a las «actuales disponibilidades presupuestarias» como motivo para la no inclusión de los proyectos de las Islas. Aunque desde el Govern de las Illes Balears se cree que existen motivaciones de orden político y, en este punto, llama la atención que por primera vez la comisión estuviera presidida por el mismo ministro de Fomento, Francisco Àlvarez Cascos. Si esto fuera así sería absolutamente lamentable y reprobable. No puede ponerse en peligro el patrimonio cultural de una comunidad por razón de la discrepancia ideológica entre un Ejecutivo central y otro autonómico. Además, en este caso, quienes realmente resultan perjudicados son los ciudadanos de nuestra Comunitat, que ven deteriorarse partes importantes de la propia cultura.

El Govern, según anunció el director general de Cultura, Pere Muñoz, volverá a presentar los proyectos en este próximo ejercicio, pero, sin lugar a dudas y tal y como señala él mismo, se perderá un tiempo importantísimo en el que el deterioro de los inmuebles afectados puede hacerse todavía más patente.

Es un hecho que el presupuesto que el Estado destina a la cultura o a la rehabilitación del patrimonio cultural es mínimo, con lo que cualquier recorte que éste sufra resulta nada desdeñable, por lo que sería razonable hacerlo sólo en el hipotético caso de necesidad extrema, pero nunca para cuadrar cifras macroeconómicas o para conseguir un déficit cero y, mucho menos, para castigar a un Gobierno de otro color político. Estas serían unas inadmisibles razones para privar a Balears de algo que se merece.