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El Govern de les Illes Balears ha decidido, por segundo año consecutivo, abonar un complemento a las pensiones no contributivas, es decir, las más bajas. Es un remedio insuficiente, sin duda, pero que en algo contribuye a paliar las condiciones de vida de unas personas que perciben algo más de 40.000 pesetas al mes y poco más.

No deja de ser sorprendente que tenga que ser la Comunitat Autònoma la que haga frente a esta injusticia y que el Gobierno central se ampare en la macroecomía y en las excelentes cifras de crecimiento y descuide sus deberes sociales más evidentes.

Es evidente que unas pensiones no contributivas situadas por debajo del salario mínimo interprofesional, con unos costes de vida realmente inasumibles para quienes las perciben, no son precisamente un ejemplo de bienestar social, sino más bien todo lo contrario. Esto debiera mover a reflexión al Gobierno de Aznar, satisfecho con su déficit cero, un déficit conseguido a base de recortes en los gastos sociales.

No es suficiente con que las grandes cifras nos sean favorables, es preciso que el común de los ciudadanos del país perciban mejoras en su modo de vida y, como no puede ser de otro modo, también deberían percibirlas los pensionistas más desfavorecidos.

Mientras esto no suceda, la brecha abierta entre ricos y pobres seguirá siendo una trinchera insalvable cuando llegue el momento de la madurez. No basta con llenarse la boca con palabras como solidaridad, justicia o igualdad, es preciso tener los pies en el suelo y adoptar medidas concretas por parte del Estado para que realmente los ciudadanos sean los de un país de primera línea y no unos marginados en un mundo de opulencia.