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El Gobierno acaba de tomar una polémica decisión al ordenar el indulto de más de 1.400 condenados por la Justicia. Entre ellos se encuentra un nombre que destaca sobre todos los demás: el juez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada a quince años de inhabilitación en la carrera judicial. Junto a él se benefician tres de los condenados por la financiación irregular del PSOE en el «caso Filesa», además de la popular «Tani» y medio millar de insumisos.

Se trata de un caso sin precedentes en la historia democrática de este país, justificado por el Gobierno en la celebración del 22 aniversario de la Constitución y en la petición del Papa con motivo del año jubilar. Para el PP la ocasión era perfecta para aprobar una especie de «indulto masivo» "expresamente prohibido en la Carta Magna" que hiciera pasar algo más desapercibido el perdón político de un juez condenado por el peor delito que puede atribuírsele a quien administra justicia: ser injusto deliberadamente. El Consejo de Ministros alega que en todos los casos hay un informe favorable del tribunal sentenciador o del fiscal. Bastaba uno. Por lo que respecta a Liaño, no se ha tenido en cuenta la advertencia que hizo el Tribunal Supremo al condenarle: se oponía expresamente al indulto. Estamos ante un gravísimo caso de conflicto de poderes. Las condenas las imponen los jueces y sólo en casos muy excepcionales puede ejercer el Gobierno el derecho de gracia.

Pero el indulto a Liaño estaba cantado. El Gobierno quería restituir en la carrera judicial al juez condenado y sólo ha buscado unos pretextos. ¿También habrá indultos cuando se cumpla el 23 aniversario de la Constitución? En su burda maniobra al Gobierno ni se le ha ocurrido justificarlo con el 25 aniversario de la proclamación del Rey Juan Carlos. Y para contentar a la oposición ha aderezado el gesto con el indulto de los responsables del «caso Filesa» y a numerosos insumisos, que nada tenían que hacer en prisión por negarse a realizar un servicio militar que ya no existe.