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La jugada de la Conselleria d'Educació de hacer corresponsables a los ayuntamientos del retraso en la ejecución de los proyectos pendientes para la isla de Eivissa es digna de un gran maestro de ajedrez puesto que éstos, aun no teniendo por qué aceptar la fórmula de financiación que se propone, si rehúsan, su «no» sonará como un obstáculo directo a la construcción de institutos y colegios. Es verdad que también se puede decir que la propuesta trata de implicar a otras instituciones para que estas también tengan «protagonismo», pero se ha olvidado que no son los ayuntamientos, ni mucho menos, los que más capacidad tienen para asumir según qué compromisos y que, como era previsible y ha sucedido en los casos de Sant Josep y Santa Eulària, son reacios a ser instrumentos financieros de administraciones de un ámbito superior, y aún más si éstas son de un color político contrario.

Sin embargo, el objeto de la discordia "parece que se está olvidando" es la incapacidad de la Conselleria de asumir el coste de los proyectos pendientes, razón por la cual se ha dirigido a los ayuntamientos en los que irá alguno de los centros para que éstos suscriban operaciones crediticias que adelanten su construcción.

Y en medio de todo esto, el Consell hace público que, vista la situación, asume la financiación de lo que queda por hacer en Eivissa y aprovecha para atacar al Partido Popular "a cuyas filas pertenecen los equipos de gobierno de los dos municipios rebeldes" por su falta de colaboración.

Convertir las carencias educativas de las que adolecen las Pitiüses en las contundentes armas arrojadizas que están empleando las formaciones políticas es un espectáculo difícil de justificar, sobre todo por las consecuencias que acarrean en un ámbito ya de por sí bastante maltratado.