El Obispado de Mallorca acaba de hacer pública su situación
económica, que califica de «miseria», coincidiendo con la mayoría
de las Diócesis de este país que, paradójicamente, poseen un enorme
patrimonio y, en cambio, disponen de pocos recursos efectivos. Hay
que tener presente que nuestro país es aconfesional y en él
conviven pacíficamente un amplio número de iglesias y creyentes de
distinto signo, y hay que reconocer también que los creyentes,
practicantes y simpatizantes de la Iglesia católica están bastante
lejos de cumplir con sus obligaciones; o sea, de contribuir a su
mantenimiento y crecimiento.
En la actualidad la Iglesia se sostiene gracias al apoyo
voluntario de los contribuyentes, a través de la declaración de la
renta, además de contar con colectas, donativos y donaciones. Pero
la Iglesia cuenta con gastos elevados, sobre todo en lo que se
refiere a la conservación de su inmenso patrimonio histórico y
artístico. El problema es de difícil solución, a no ser que se
insista en que los miembros de esa Iglesia la sostengan con
responsabilidad. Pero eso resulta casi inabarcable si contamos la
cantidad de templos, parroquias, asociaciones benéficas,
sacerdotes, actividades, misioneros... en fin, todos los elementos
que deben mantenerse en pie "en Mallorca el presupuesto para un año
es de 900 millones. Por eso, parece contradictorio continuar
construyendo iglesias nuevas y reclamar subidas salariales para los
sacerdotes, que cobran cerca de 150.000 pesetas mensuales, lo mismo
que muchos padres de familia con más gastos a sus espaldas. Quizá
la Iglesia debería plantearse vender al Estado o a particulares
algunos de sus tesoros patrimoniales, modernizar sus estructuras y
racionalizar gastos e ingresos, como una gran empresa que es, y
dejar de pretender mantenerse en exclusiva de lo que los fieles
quieran darle.
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