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El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, calificó ayer la decisión del Parlament de dar luz verde al proyecto de ley de ecotasa como una acto de «soberanía nacional». En cierto sentido, y con matices, así puede entenderse la decisión adoptada por la Cámara autonómica. Con matices, porque en todo caso sería una «soberanía nacional limitada». Los diputados de Balears, en ejercicio de su potestad legislativa, pueden aprobar el impuesto turístico, así como otras leyes, pero siempre dentro del marco del Estatut d'Autonomia. No conviene, pues, llenarnos la boca de expresiones grandilocuentes y perder de vista que la nuestra es una autonomía de segundo nivel. En Balears no gestionamos todos los hospitales públicos, no hay policía autonómica, no tenemos competencias en justicia, en tráfico... Y, además, como es dolorosamente sabido, otras grandes cuestiones como la financiación de carreteras e infraestructuras de medio ambiente dependen del Gobierno central, que puede imponer todas sus condiciones. Nuestra reciente historia está llena de desacuerdos con el partido que ejerce el poder en Madrid y que se han traducido en una falta de inversiones estatales.

Sea soberanía nacional o simple autonomía administrativa, conviene reflexionar si es bueno que en Balears se creen nuevos impuestos y si lo adecuado no es reivindicar la cesión o la cogestión de impuestos estatales, controlados ahora por Madrid.

Podrá argumentarse que es un impuesto dirigido sólo a los turistas, pero voces autorizadas ya han anticipado que quienes lo pagarán finalmente serán los hoteleros. ¿Qué repercusiones tendrá ello en la economía balear y en la economía doméstica de miles de ciudadanos cuya actividad está ligada a la hostelería? Dentro de un tiempo, si el impuesto se aprueba, lo sabremos. Pero tendremos el honor de que el impuesto habrá sido aprobado en el ejercicio de nuestra «soberanía nacional», aunque sea de segunda.