La oleada terrorista de los últimos meses está dando que hablar
en todos los estamentos de la sociedad. Y quizá uno de los casos
más polémicos sea el de la inaudita reacción del juez Guillermo
Ruiz Polanco contra el etarra Harriet Iragi, que le amenazó de
muerte cuando le tomaba declaración. Resulta del todo comprensible
para cualquier ciudadano que un hombre amenazado reaccione diciendo
al presunto asesino del doctor Muñoz Cariñanos en Sevilla que «le
daría dos hostias». Y más teniendo en cuenta el contexto en el que
se produjo el incidente, con los recientes atentados contra
miembros de la judicatura.
Sin embargo, hay que tener siempre presente que los jueces "por
más personas, hombres o ciudadanos que sean" deben estar muy por
encima de la tentación de implicarse personalmente en los casos que
deben juzgar. No en vano, la más sagrada condición de un magistrado
debe ser la imparcialidad, la capacidad de asistir al relato de
unos hechos tremendos con frialdad, con distancia, con el desapego
necesario que le permita valorar las cosas con la rectitud que le
exige la Ley.
Así las cosas, parece lo más correcto la posición adoptada
inmediatamente después de lo ocurrido, cuando el propio Ruiz
Polanco reconoció su error, decidió abandonar la causa y la
Audiencia Nacional abrió diligencias informativas para aclarar el
asunto. La situación no está en este país para complicar aún más
las cosas, así que lo que debe hacer ahora Ruiz Polanco es
denunciar la amenaza de muerte proferida por el presunto etarra y
añadir así un eslabón más en la cadena de crímenes de los que se le
acusa. Tal vez así aprenda esa gentuza a respetar un poco la figura
de quien, después de todo, sólo defiende el imperio de la Ley en un
Estado democrático.
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