Las posturas encontradas entre los asalariados del taxi y los titulares de las licencias permite aventurar un largo y tenso conflicto en el sector. Eivissa tiene, es cierto, un gravísimo déficit que se está convirtiendo, incluso, en uno de los defectos en el que mayor énfasis está poniendo el sector turístico. De hecho, los ya habituales reportajes de la prensa internacional que tienen como objetivo magnificar los puntos oscuros de Eivissa como destino vacacional comienzan a resaltar de forma insistente el lamentable espectáculo que genera la búsqueda de un taxi libre durante varios meses al año. Por supuesto, no es necesario leerlo en la prensa para saberlo: un simple paseo por los núcleos turísticos es suficiente para comprobar que no se está dando abasto en uno de los servicios en los que no podemos fallar. El transporte "esto es, la movilidad" es una demanda de primer orden en un destino de las características geográficas del nuestro, y Eivissa "por que es, de momento, el centro de la discordia" está lejos de ofrecer un nivel siquiera aceptable en la satisfacción de esta demanda básica. No puede servir de consuelo que no es el único municipio con deficiencias, porque esto no es algo que solucione el problema, y hay que encontrar soluciones. Los asalariados tienen el legítimo derecho a aspirar a ser algún día concesionarios directos de un servicio público que ayudan a prestar, y los patrones tienen también derecho a exigir que se garantice un nivel de rentabilidad que haga que merezca la pena el desarrollo de una labor muchas veces ingrata y siempre vital. Hay que conjugar ambas demandas y no es fácil, pero tampoco imposible; en todo caso, lo que nunca puede olvidarse es que siempre debe prevalecer el interés general, fin último que las instituciones encargadas de solucionar el conflicto tienen la obligación de garantizar.