Cuando la Conselleria de Medi Ambient del Govern aprobó el verano
pasado la urgente protección del área de Cala d'Hort para evitar la
construcción del campo de golf proyectado en la zona surgieron
voces que expusieron que la medida era precipitada y que se
constituía un estado político en el que, a partir de ese momento,
la voluntad del gobernante podía imponerse a la Ley sin ningún tipo
de restricciones. Es la fulminación del Estado de Derecho, en el
que todos los ciudadanos pueden considerarse a salvo de los
caprichos del gobernante porque todos somos iguales ante la Ley.
Según se dijo entonces, el Govern trataba de cambiar las reglas
del juego porque no le gustaba cómo marchaba la partida. Esa
discrecionalidad atenta contra los derechos de los propietarios de
los terrenos que se encuentran en el área de protección, que han
decidido unirse para tratar de hacer valer sus derechos. Defienden
que no conocen con detalle la situación en la que se encuentran sus
propiedades, una queja entendible si una de las funciones de las
instituciones públicas está el hacer sentir al administrado que
aquello que impone está perfectamente justificado. No ha sido el
caso, puesto que los propietarios de la zona han visto cómo se
disponía de lo que es de ellos para plantar una batalla política
que complemente a la legal contra el campo de golf. En este caso,
además, se está produciendo una significativa demora en las
tramitaciones que deben culminar con la declaración de la zona como
Parque Natural. Este intervalo hace aumentar la incertidumbre de
los que tienen proyectos aprobados en la zona y aspiran a mejorar
sus condiciones de vida. En esto, tanto el Consell, que impulsó la
medida, como el Govern, que la rubricó, han de demostrar todavía
que las razones que esgrimen para este culebrón están
suficientemente fundamentadas.
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