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Justo al día siguiente de las elecciones catalanas, en plena euforia de los socialistas, de la Justicia les llega un jarro de agua fría. Una jueza imputa a dos ex ministros del Interior de los gobiernos de Felipe González, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, y a otros nueve altos cargos del Ministerio sendos delitos de malversación de fondos públicos a raíz del polémico uso que en la institución se hizo de los llamados «fondos reservados», que, al parecer, se embolsaron en sus bolsillos.

Los aludidos, claro, han puesto el grito en el cielo, asegurando que se trata de una persecución política llevada a cabo por el Partido Popular, que fue precisamente quien inició el proceso al denunciar los hechos cuando todavía estaba en la oposición. Destacan en las filas socialistas "incluso el propio Felipe González lo ha hecho" que el proceso se abra el día después del 17 de octubre, insinuando que la cúpula popular tiene influencias en las decisiones judiciales. Ya sabemos que las elecciones generales están, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y en estas circunstancias parece que todo vale. Pero no es así. Puede que en política todo valga y a ello estamos ya acostumbrados. Pero la Justicia es "o debería ser" intocable. Atribuir a estas alturas la capacidad de dictar órdenes a los jueces desde Moncloa es mucho decir. Y los políticos deberían saber cuándo hablar y cuándo callar en temas delicados como éste. No estará de más la acusación de malversación cuando uno de los implicados, Francisco Àlvarez, ha reconocido que recibía mensualmente un sobresueldo presuntamente obtenido de los fondos reservados. Y el mismísimo Felipe González ha comentado que «ni siquiera se les ha acusado de apropiación indebida», que era, probablemente, lo que esperaban. Ahora el asunto está en manos de la Justicia, que es donde debe estar, y ella dictaminará quién tenía razón.