Editorial

Indignante realidad de los okupas

EditorialIbiza14/03/25 4:00

Vicent Riera Garrover es un vecino de Sant Antoni que este miércoles por la mañana recibió la llamada de una vecina preguntando si habían alquilado el piso que tienen en la calle Bisbe Cardona. Y es que esta vecina había visto movimiento de personas entrando y saliendo. Garrover se personó y comprobó, atónito, cómo unos marroquíes estaban cambiando la puerta de su casa. Llamó a la Policía Local, que se personó, y los agentes de la autoridad comprobaron mediante un video que estos okupas habían entrado el pasado día 8 de este mes. Por tanto, no podían echarlos sino únicamente identificarlos y denunciar para que así se inicie el procedimiento judicial. Una situación surrealista que pone de manifiesto, una vez más, lo injusta que es la ley que protege más al okupa que al propietario.

Indefensión

La ley establece que el dueño de una casa okupada puede interponer contra los okupas una demanda y, en teoría, éstos tienen cinco días para irse o presentar el título que indique que pueden estar en esa residencia. Si no lo acreditan, el juzgado decretará el lanzamiento de los inquilinos. Sin embargo, el peso de la realidad es que estos plazos nunca se cumplen, los okupas lo saben y manejan estrategias, como meter menores en los pisos, para alargar los plazos y alegar vulnerabilidad.En el caso del okupa de Sant Antoni, el individuo, de origen marroquí, afirmó que entiende al dueño, pero que no se irá de allí hasta que no encuentre otro lugar donde vivir. El dueño del piso, desesperado, ahora tiene hasta temor de pasar por la zona vista la agresividad del individuo okupa, pero tiene claro que denunciará.

Un cambio

Partidos como PSOE y Podemos (recordemos la última moción presentada por la concejala podemita en Sant Antoni defendiendo la vulnerabilidad generalizada de los okupas cuando sabe que realmente no es así) han propiciado el fenómeno de la okupación y su expansión con leyes que, de facto, lo que hacen es proteger al que delinque y desproteger al dueño de la vivienda. El alcalde de Sant Antoni, muy acertadamente, recordó que el artículo 33 de la Constitución Española establece que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social». «Las leyes deben cambiar cuanto antes; no puede ser que a los dos días el okupa considere como morada una vivienda que no es suya y ya no se le pueda echar», expresó con indignación Marcos Serra. La realidad es que la okupación de pisos y casas en Ibiza no es un hecho aislado sino que crece poco a poco. Es necesario un cambio de leyes que protejan a los propietarios y no a los okupas.