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El Consell d’Eivissa y la plataforma Airbnb han suscrito un convenio de colaboración «histórico» mediante el cual la plataforma se compromete de forma ágil a retirar los anuncios de alojamientos que son manifiestamente ilegales, como pueden ser caravanas, barcos, chabolas, tipis, tiendas de campaña o yurtas. El compromiso suscrito por la plataforma con Ibiza ya ha retirado 300 anuncios de alojamientos ilegales en las últimas dos semanas. Se trata de un paso más y muy importante en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, pues el convenio suscrito hace cuatro años con la misma plataforma debía esperar la conclusión de los expedientes abiertas mientras que ahora bastará con que el Consell se lo diga y abra expediente para que Airbnb los retire.

Una herramienta más

Este convenio, pionero en el país, se suma a las herramientas que la máxima institución insular está desarrollando con tesón y esmero en la lucha contra los alquileres turísticos ilegales, como por ejemplo el registro de alojamientos turísticos donde se puede comprobar si son legales o no o bien la implicación de los dueños de los pisos a la hora de saber si su inquilino está subarrendando habitaciones a turistas, por ejemplo. A esto se suma la doble vía de imposición de multas urbanísticamente a través de los ayuntamientos (un piso al ser residencial no puede dedicarse a uso turístico) y por la vía turística a través del Consell. En este sentido, Consell y ayuntamientos tienen claro que la lacra de los alquileres turísticos ilegales son el principal problema de la falta de vivienda a precios asequibles todo el año para residentes en Ibiza y gente que viene a trabajar en verano.

Pisos turísticos

Si bien este nuevo convenio suscrito con Airbnb es muy importante en la lucha contra los alquileres turísticos ilegales, Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb para España y Portugal, evitó pronunciarse a preguntas de este rotativo sobre por qué la plataforma no impide que se alquilen pisos y habitaciones en Ibiza cuando esta actividad está directamente prohibida por el Consell en la isla. En este sentido, argumentó que Airbnb «no es un proveedor de servicios de alojamiento sino un proveedor de servicios de internet», de ahí que se le aplique una normativa en concreto que, según defendió, cumplen plenamente.