EditorialIbiza07/02/25 4:00
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La crisis habitacional que golpea desde hace muchos años a Baleares en su conjunto afecta a toda la población y se ceba, de forma especial, con el colectivo de los jóvenes, así como con los adultos de mediana edad y las personas más mayores. Los últimos informes sobre la emancipación revelan que el número de chicos y chicas que se pueden ir de casa se ha reducido a la mitad en los últimos veinte años. En 2005, el 34 % podía alquilar o comprar una casa, pero ahora solo el 18 % lo consigue y los que lo hacen, en su mayoría, tienen que compartir la vivienda para poder pagarla. La carga, en consecuencia, repercute sobre las familias, que deben mantener a sus hijos y nietos. La razón de esta situación está muy clara: los precios en las Islas se han puesto por las nubes y, en cambio, los salarios son bajos. Gran parte de los jóvenes gana, en sus inicios laborales, poco más de mil de euros, por lo que es del todo imposible que pueda acceder al mercado inmobiliario, donde los alquileres están por encima de estos salarios. Acceder a una hipoteca bancaria tampoco es sencillo; obliga a muchos jóvenes a seguir viviendo con sus padres mientras intentan ahorrar para su incierto futuro.

Vivienda pública.

Lo que está claro es que la emergencia habitacional ha cogido por sorpresa a la mayoría de partidos políticos, que no han sabido reaccionar ante una problemática que se parecía lejana y que ahora es una realidad. La construcción de vivienda pública debería ser una de las prioridades de las administraciones, pero se trata de un proceso lento y complejo que debería haberse afrontado con determinación hace muchos años ya.

El contraste.

La problemática con la que se encuentran los jóvenes –y también muchas familias– contrasta con la oferta de lujo, dirigida principalmente al mercado extranjero, que va ganando terreno en Baleares. Sin duda, la gravedad de la situación requiere la adopción de medidas excepcionales y eficaces y eso pasa por un gran pacto a nivel político, dejando a un lado los colores y diferencias políticas porque la precariedad en la vivienda ha sido y es el principal problema de las Islas en su conjunto, especialmente en Ibiza y Formentera, donde la situación se ha agravado año tras año.