La situación del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, resulta insólita y a la vez insostenible. Imputado por el Tribunal Supremo por filtrar información sobre los problemas con Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal García Ortiz es la imagen del deterioro constante que están viviendo las instituciones del Estado. Sánchez ha conseguido que el Tribunal Constitucional, el CIS, RTVE y evidentemente la Fiscalía General del Estado estén a su servicio sin ningún tipo de disimulo. Pero el caso de García Ortiz ya ha superado una línea roja que no tiene justificación alguna.
Indefensión.
Tiene razón la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando denuncia la indefensión que sufren los ciudadanos. No es posible que un fiscal decida airear los problemas con Hacienda de un particular por mucho que sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso con el único objetivo de beneficiar los intereses partidistas de Pedro Sánchez. Recordemos también que la propia ministra de Hacienda filtró información sobre el novio de la presidenta madrileña en los pasillos del Congreso. Estos dos episodios no pueden quedar impunes porque el Gobierno debe salvaguardar la información confidencial de los ciudadanos, y mucho más si no son cargos públicos, como es el caso del novio de Ayuso.
Insólito.
Que un fiscal general del Estado esté imputado por el Tribunal Supremo es una situación insólita en España, pero mucho más que el máximo responsable de la Fiscalía declare en RTVE que tiene en su poder información sensible de dirigentes políticos españoles. A un fiscal general del Estado se le presume un mínimo de imparcialidad y, sobre todo, se da por hecho de que su principal función es cumplir la legalidad. Pero poco se puede esperar de un fiscal que solo está al servicio de Sánchez, quien al inicio de su mandato ya dejó muy claro que la Fiscalía dependía del Gobierno. Es imprevisible adivinar el límite de Sánchez y el uso partidista que hace de todas las instituciones del Estado. Por todo ello urge una regeneración democrática porque las instituciones deben actuar con imparcialidad y ha quedado meridianamente claro que Sánchez no tiene ningún límite. Y muy pocos escrúpulos.
