EditorialIbiza 27/07/24 0:30
TW0

El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó por unanimidad este jueves reclamar al Gobierno central un cambio legislativo para que la actividad de los taxis ‘pirata’ sea considerada un delito y no una falta administrativa, como ocurre hasta ahora. Sant Antoni también se pronunció en el mismo sentido y aprobó una propuesta presenta por Unidas Podemos, que fue apoyada por todos los grupos. Sin embargo, Sant Josep es el municipio más afectado por esta actividad irregular, que se desarrolla sobre todo en el aeropuerto de Ibiza y en las discotecas del municipio.

Indignación del alcalde

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, lamentó que el Estado no ponga más medios a través de la Guardia Civil para luchar contra los taxis piratas. Recuerda Roig que Sant Josep no puede ampliar más la plantilla de la Policía Local y, por lo tanto, su capacidad para controlar esta actividad es bastante limitada. Además, Roig pidió también una mayor implicación de Aena en el aeropuerto de Ibiza, que es donde los taxis piratas campan a sus anchas desde hace años sin que se haya conseguido acabar con esta plaga que tanto daño hace a la imagen de la isla.

Medios y leyes

La decisión de los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni de solicitar que se endurezca la actividad de los taxis piratas es un paso importante para intentar acabar con esta actividad, pero mientras tanto sería deseable que la Administración central, y también Aena, no miren hacia otro lado y tomen medidas contundentes. No es justificable que Aena diga que la problemática no es competencia suya porque gran parte del beneficio de los taxis pirata se produce en el aeropuerto. Y Aena, al menos de momento, gestiona el aeropuerto. Por su parte, el Ministerio del Interior también debería poner más medios en la Guardia Civil, pero es de sobras conocido el poco interés del ministro Marlaska en mejorar las condiciones laborales para que lleguen más agentes a Ibiza. Está claro que entre todos hay que poner fin a una auténtica plaga que produce un gran perjuicio a la actividad del transporte legal y a la imagen de la isla en general.