Editorial

Consecuencias jurídicas en el concurso del Náutico Ibiza

EditorialIbiza 15/03/24 19:19

El próximo 5 de mayo se acaba la prórroga que concedió la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) al Club Náutico para la gestión de sus instalaciones ya que el concurso no se ha resuelto en todos estos años. Los actuales gestores del Club Náutico Ibiza han pedido en reiteradas ocasiones que se tenga en cuenta en este concurso la vertiente social a la hora de valorar las ofertas, además de cuestiones de seguridad como el retorno del dique fijo. En este tiempo, el Club Náutico Ibiza ha demostrado músculo con los actos reivindicativos que han organizado y la recogida de firmas, que ya cuenta con más de 2.000 apoyos. A mediados del pasado mes de febrero, el Club Náutico Ibiza lanzó el órdago a la APB de que o les adjudicaba el concurso o bien les invitaba a desistir del mismo. Una petición que, según señaló la entidad, obedecía a que la oferta del otro licitador, Puertos y Litorales Sostenibles SL, puede considerarse como «especulativa y contraria al espíritu del concurso de fomentar la enseñanza y la náutica social», además de contar con un administrador de hecho, Alberto Pedraza, que ha sido condenado por la Audiencia Nacional en diciembre del año pasado a 11 meses de prisión por los delitos de falsedad en documento público y estafa procesal en grado de tentativa. Cabe reseñar en este punto que Pedraza aparecía en las conversaciones del comisario Villarejo

Condenado por estafa

El siguiente paso que ha dado el Club Náutico Ibiza en su lucha por mantener el carácter ibicenco de las instalaciones y del club es una nota jurídica elaborada por Manuel Ollé Sesé, un prestigioso profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio, en la que se deja claro que el delito de estafa procesal está «bajo el paraguas del término genérico ‘fraude' al que se refiere la Ley de Contratos del Sector Público cuando fija las conductas que prohíben la contratación de determinadas empresas o personas». En este sentido, las conclusiones del profesor Ollé son que la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar a personas condenadas en firme por delitos de fraude, además de que el término fraude «puede incluir el delito de estafa» y, por tanto, desde el Náutico Ibiza advierten a la APB de que «podrían incurrir en responsabilidad» en caso de no tener en cuenta todas estas consideraciones jurídicas. A su vez, solicitan al gestor portuario que eleve una consulta al Consejo de Estado y muestran su sorpresa por el hecho de que la APB no haya realizado «actuación alguna dirigida a determinar la titularidad real de la sociedad Puertos y Litorales Sostenibles»

La decisión final

Javier Sanz, presidente de APB, expresó en su última visita a Ibiza el pasado mes de febrero que, previsiblemente, la decisión sobre la adjudicación de las instalaciones se tomaría en el Consejo de Administración de este mes de marzo, algo que finalmente no sucederá pues se retrasa al mes de abril sin que el gestor portuario haya dado explicaciones sobre el retraso. En el horizonte, la fecha límite marcada del 5 de mayo, muchas luces y sombras en el concurso por la gestión de las instalaciones del Club Náutico Ibiza y una administración competente en la decisión final que nunca se ha caracterizado por su transparencia.