Amadiba: un despropósito político que acaba en los juzgados

La única solución posible

El actual gobierno del Consell d'Eivissa ha intentado por todos los medios regularizar los pagos a Amadiba pero finalmente tendrá que ser un juez el que determine que la entidad pueda cobrar el dinero que se le adeuda. El socialista Vicent Torres tampoco colaboró demasiado la pasada legislatura cuando desde el Consell le pidieron que reconociese que se contrató a Amadiba, pero sin ningún tipo de soporte administrativo. La exconsellera Lidya Jurado está imputada por este asunto, a pesar de los esfuerzos del PSOE para evitar que el ‘caso Amadiba' se judicializase. Jurado encargó a Amadiba que atendiese a menores y personas discapacitadas de Ibiza sin ningún tipo de contrato. Solo hubo acuerdos verbales, que no tienen ninguna validez a la hora de cobrar de la administración.

Ni una responsabilidad

En las filas del PSOE y de Podemos no solo no ha habido ninguna responsabilidad política por el ‘caso Amadiba' sino que cuestionaron que el Consell d'Eivissa llevase el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. No parece que adeudar 2,2 millones a una entidad social por no hacer bien los expedientes administrativos sea un asunto menor que no merezcan la intervención de la Justicia. Por asuntos mucho menores ha habido dirigentes políticos sentados en los banquillos y condenados. En el ‘caso Amadiba' hay que llegar hasta las últimas consecuencias.