Con el propósito de obligar al uso institucional del castellano y promover las modalidades insulares del mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense, Vox registró el 21 de septiembre en el Parlament una proposición de ley para la creación y regulación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Las reacciones que provocó esta iniciativa consistieron en el desmarque del PP, que, a través del portavoz del Govern, Antoni Costa; y el portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, desautorizó el texto; las críticas y rechazo en bloque de los partidos de la oposición -PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos-; y una contundente advertencia de la Obra Cultural Balear. «Si se llegar a aprobar esta proposición del Vox, se abriría una oficina de persecución contra los catalanoparlantes», afirmó la OCB. Ahora el partido de Santiago Abascal anuncia la retirada de este proyecto legislativo, obligado por las vulneraciones e incoherencias jurídicas en las que incurre, que lo convierten en inaplicable; y prepara un texto alternativo cuyo alcance se desconoce.
Balears: región bilingüe con lengua propia, pero minoritaria
Ibiza28/11/23 0:31
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