La demanda de vivienda digna, prioridad ciudadana

El acceso a una vivienda digna y a precio asequible lidera el ranking de problemas ciudadanos en Balears. Una cuestión que, a medida que se ha ido agudizando y agravando, genera malestar e incertidumbre entre las familias trabajadoras cuyos ingresos no les permiten adquirir un piso por el encarecimiento de las hipotecas y los intereses. Y también dificulta la emancipación de los jóvenes, retrasa su proyecto de vida y la formación de nuevos núcleos familiares. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez da largas a la posibilidad de limitar la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes en las Islas, tal como han venido reclamando Més per Mallorca y Unidas Podemos. El Ejecutivo de coalición afirma que el Tratado de la UE prohíbe restringir la circulación de capitales a los estados miembros, así como entre estos y terceros países. Esta libertad ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión, asevera el Gobierno en respuesta parlamentaria a las diputadas de Podemos Antonia Jover y Lucía Muñoz. Una contestación que causa malestar en Podemos.