El Govern ha logrado desactivar una importante crisis política entre sus socios –PSIB y Més– a cuenta de las exenciones del catalán en la contratación de los sanitarios, médicos y enfermeras, de la red pública. Al final, sólo una quincena de especialidades del medio centenar que figuran en el plan de estabilización de interinos quedan liberadas de la acreditación del conocimiento de la lengua catalana, para el que se abre un período de dos años. El paso supone un importante avance en garantizar los derechos lingüísticos de los pacientes, cuestión central de la polémica social y política desatada en las últimas semanas.
Un problema inflamado
Un repaso al perfil de los aspirantes ha permitido constatar que la mayoría de los sanitarios ya disponía de competencias suficientes sobre los dos idiomas oficiales de la Comunitat, circunstancia que pone de manifiesto la precipitación con la que se quiso justificar la supresión de la exigencia de unos conocimientos mínimos a estos profesionales. Entonces se argumentó la barrera idiomática como el principal inconveniente para poder cubrir las plazas necesaria en la sanidad pública balear, pero sorprende estos diferentes criterios cuando precisamente en las Pitiusas faltan médicos y hasta el propio Govern ha admitido que la lengua puede ser una barrera que dificulte la conformación de las plantillas sanitarias.
Lo primero, la salud
Hay que dejar muy claro que nadie cuestiona la importancia de la promoción de la lengua propia de Balears, y que es aconsejable que los médicos también lo dominen, pero en las actuales circunstancias la prioridad es dar todas las facilidades para que las islas sean un destino atractivo para médicos y enfermeras. Tampoco ha sido nada productivo este cambio de criterio en las filas del Govern. Un día lo importante era la sanidad y al día siguiente la lengua. Los ciudadanos tienen motivos para no entender nada.
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