EditorialIbiza13/12/22 3:59
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El Congreso de los Diputados vive una semana decisiva al tramitar varias enmiendas al Código Penal que abren relevantes cambios legislativos. Es un conjunto de reformas registradas el viernes, al final de la semana del largo puente de la Constitución, y que, por la urgencia con que actúa el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, pasarán hoy y mañana por ponencia y comisión, y serán aprobadas en el pleno del jueves, pero sin contar con los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Las modificaciones implican, entre otras cuestiones, la supresión del delito de sedición, que dará paso a otro de desórdenes públicos agravados, con menor condena; la reforma del delito de malversación de fondos públicos, reclamada por ERC; y la reforma del sistema de elección de los candidatos del Poder Judicial para el Tribunal Constitucional.

Decisiones arriesgadas

Aún hay aspectos a concretar con enmiendas transaccionales, como la presentada por el Ejecutivo para que el desvío de fondos públicos en el ‘procés' de independencia de Catalunya no quede despenalizado, aunque con menor castigo. Pedro Sánchez declaró ayer en Barcelona: «Sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino». Al mismo tiempo, según una encuesta de Sociométrica, que dirige Gonzalo Adán, sólo el 5 por cien de los españoles y el 9,5 por cien de los votantes del PSOE apoyan rebajar la condena por malversación.

Arquitectura del sistema democrático

Estos cambios legales, de gran calado y trascendencia, con incidencia sobre la arquitectura juridicopolítica del sistema democrático español, deben ser analizados, debatidos y tramitados con voluntad de acuerdo y con la necesaria garantía de solvencia técnica. Pero la precipitación con que actúa el Gobierno, espoleado por el calendario electoral, provoca dudas y críticas. Se impone el sosiego y la prudencia.