EditorialIbiza02/12/22 3:59
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El ‘caso Cursach' finalizó el viernes con una sesión surrealista y unas palabras del fiscal Anticorrupción Tomás Herranz que pasarán a la historia: «Este procedimiento es un fracaso; un fracaso total de la Administración de Justicia». La sinceridad del acusador público, que se emocionó y fue aplaudido por los acusados y los abogados, da una perspectiva del gigantesco desastre judicial perpetrado por el exjuex Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, que durante más de seis años utilizaron su posición de poder para ordenar detenciones e imputaciones sin justificación alguna a policías, funcionarios y empresarios.

La ‘muerte' civil de los acusados

Muy acertadamente, en su alegado final, el fiscal Herranz –que, no olvidemos, debía acusar a los procesados y no pudo por la ausencia total de pruebas y por los calamitosos testigos que declararon– se refirió a la ‘muerte' civil de los imputados. El mismo día que eran gratuitamente acusados vieron como esas informaciones eran filtradas de forma interesada para provocar un daño aún mayor a las víctimas. La conocida como ‘pena del telediario' ha sido un arma muy utilizada por Penalva y Subirán. Su guerra sucia en el ‘caso Cursach' ha rebasado todos los límites. Las consecuencias para la reputación de personas íntegras han sido devastadoras e injustificables a partes iguales.

Una lección que no se debe olvidar

Es muy loable que el fiscal reconozca los tremendos errores cometidos en esta polémica instrucción, pero todavía es más relevante que la Justicia extraiga conclusiones para que una chapuza judicial como la acontecida en Mallorca no se vuelva a repetir por una simple cuestión de credibilidad. Si un juez, un fiscal y todo un Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional se saltaron durante años la ley y adoptaron medidas injustas, se supone, también, que fallaron todos los mecanismos de control que se presuponen a la Administración. Las lágrimas del fiscal reconfortan, pero no curan. Es imposible.