EditorialIbiza26/04/22 3:59
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Cuando está a punto de iniciarse el mes de mayo y con la campaña turística ya en marcha, todavía importantes playas de Balears no cuentan con servicios de temporada debido al retraso de las preceptivas autorizaciones de Demarcación de Costas para que los ayuntamientos puedan adjudicarlos. Ello redunda en importantes perjuicios económicos y una mala imagen del destino, al tiempo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las competencias en materia de Costas y Litoral sean traspasadas a la comunidad autónoma con el objetivo de agilizar trámites administrativos que ahora se eternizan.     

Cumplimiento del Estatut

Un traspaso de competencias que no obedece a los caprichos de algunos partidos políticos, sino que interpela directamente al cumplimiento del Estatut d'Autonomia de les Illes Balears aprobado en 2007. Articulado que prevé competencias ejecutivas en la gestión del dominio público marítimo–terrestre, especialmente en lo que se refiere a la concesión de autorizaciones. Un necesario traspaso de competencias que volverá a ser objeto de debate en el Parlament y que debería concitar un amplio consenso político para que sea una realidad antes del final de la presente legislatura.

Voluntad política

Que una comunidad autónoma no pueda gestionar la totalidad de su territorio es ya de por sí una anomalía que se agrava cuando esta comunidad autónoma es un archipiélago, cuya principal actividad económica radica en un litoral y una costa sobre la que se decide desde un despacho en Madrid. No nos encontramos frente a una cuestión menor sobre la que formaciones como Més y PI se han manifestado claramente a favor. La misma diafanidad debe exigirse a los dos grandes partidos. Máxime en año pre electoral. El peso de PSOE y PP en el Congreso y Senado convierte a ambos en sujetos decisivos para hacer factible un traspaso a todas luces justo y urgente.