Ibiza18/08/21 23:09
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El Consell d'Eivissa ha dejado en evidencia al Govern balear en la respuesta a las fiestas ilegales. La sorprendente negativa de Iago Negueruela a ejercer de conseller de Modelo Económico de todas las Baleares, dando a entender que la problemática de las mismas es exclusiva de la isla de Ibiza, ha obligado a la institución ibicenca a impulsar una modificación legislativa de las leyes de Turismo y de Actividades, cuando la institución carece del servicio de Abogacía de la Comunidad con el que cuenta el Govern y que pagamos entre todos para que cumplan con dicha función. La inacción del Govern ha quedado demostrado que formaba parte de una estrategia del PSOE para desgastar al gobierno insular sin importarle los efectos de la pandemia sobre los que basó la política de férreas restricciones antes del inicio de la temporada.

Rápida reacción.
La politización de este asunto causó un lógico malestar, además de la incomprensión del Consell d'Eivissa, gobierno que se ha sido abandonado, a pesar de la lealtad demostrada a lo largo de la crisis sanitaria. El Consell d'Eivissa se puso manos a la obra y ha articulado una inteligente respuesta: considerar una fiesta con ánimo de lucro una actividad económica, independientemente de que se ejecute en una vivienda y que no cuente con permiso. Esta es la forma para que el domicilio pierda la inviolabilidad intrínseca para ser tratado como establecimiento y, por lo tanto, permitir la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad, además de otras medidas, como el incremento de las sanciones y que estas también lleguen a los que publiciten los eventos y a los propietarios de las casas implicados.

Éxito de los detectives.
El PSOE de Ibiza se mofó de la contratación de detectives privados que ha puesto en marcha acertadamente el gobierno de Vicent Marí. El simple anuncio de esta medida ya ha generado beneficios, ya que el número de fiestas que han abortado las policías ya se ha reducido. Las medidas llegan tarde pero lo hacen para quedarse, ya que las fiestas ilegales han de ser perseguidas también después de la pandemia, ya que se trata de una competencia desleal y de intrusismo.