Ibiza13/04/21 4:01
TW

Ayer publicamos la primera entrega de décadas de irregularidades urbanísticas en el puerto de Ibiza donde se han levantado impunemente numerosas construcciones sin licencia y, en consecuencia, ilegales. Es lacerante que Autoridad Portuaria haya sido incapaz de tramitar un Plan Especial del puerto desde 2009 y que el Ayuntamiento haya mirado hacia otro lado mientras se cometían las irregularidades. Y censurable la negativa de ambas administraciones a responder a sendos cuestionarios enviados por Periódico de Ibiza y Formentera con el pueril argumento de que los servicios técnicos y los servicios jurídicos, en palabras de Vila, y los funcionarios, en palabras de Autoridad Portuaria, no tienen tiempo de dar explicaciones a la opinión pública debido a un supuesto exceso de carga de trabajo, lo que evidencia una preocupante falta de transparencia y, lo que es aún peor, su negativa a admitir los errores y a corregirlos.

PP y PSOE, cómplices.
La felonía perpetrada a plena luz del día durante décadas es responsabilidad de PSOE y de PP. Y es que tres de los seis alcaldes de Ibiza que han mirado hacia otro lado mientras se hacían numerosas obras sin licencia son del Partido Popular y otros tres del Partido Socialista y dos de los cinco presidentes de la APB desde 2009 fueron nombrados por el PP y otros tres, por el PSOE. Se infiere, pues, que el consenso a la hora de permitir, cuando no impulsar, las irregularidades no solo se produjo entre ambas administraciones, sino también entre las formaciones que se han alternado en el poder.

Descrédito institucional.
Ante la imposibilidad de otorgar licencias de forma legal en la Unidad de Actuación 25 al carecer de planeamiento, ambas administraciones decidieron dar la espalda al ordenamiento jurídico, lo que genera inseguridad jurídica al mismo tiempo que fomenta el descrédito en unas instituciones que no tienen reparo en incumplir las normas que sí exigen al resto de ciudadanos. Hay que añadir el no menos preocupante bochorno que genera la incapacidad de tramitar un instrumento urbanístico esencial en 21 años, con el agravante de que a día de hoy no hay una previsión fiable, ya que se ha de aprobar primero la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y la Comisión Balear de Medio Ambiente ya ha avisado que sin el informa de impacto ambiente del que carece la DEUP no dará luz verde al Plan Especial.