Abaratar la vivienda en Balears a cualquier precio

16/02/20 4:01

Es, probablemente, el problema más acuciante de la sociedad balear y más concretamente de Ibiza y Formentera. El precio de la vivienda en las Islas mantiene una escalada imparable, tanto en régimen de compraventa como de alquiler. A la propuesta del Consell d?Eivissa de poder construir en zonas de transición territorial se suma la batería de medidas que prepara el Govern, entre las que figura la opción de ofrecer, de manera gratuita, suelo público a los promotores con el compromiso de que los inmuebles revertirán a los 75 años. Se trata de una propuesta innovadora que plantea numerosas incógnitas sobre su eficacia real sobre el mercado inmobiliario. Sólo el tiempo dirá si se está ante una fórmula de éxito o es una iniciativa más entre otras muchas que han caído en saco roto por su ineficacia.

Un problema complejo.
La situación de la oferta inmobiliaria tiene algunas características propias que explican sus precios tan elevados, empezando por la escasez de suelo y la enorme demanda que genera la inversión de segundas residencias, tanto del mercado nacional como de los internacionales. A pesar de la prohibición, aún incide el alquiler vacacional, para cuya erradicación hacen falta más medios. Frente a la escasez de viviendas, la administración autonómica apenas ha reaccionado y trata de cargar las responsabilidades sobre los propietarios y los ayuntamientos, cuando en realidad todas sus iniciativas no han servido para lograr cambiar la dinámica general. El impulso a las cooperativas ha caído en saco roto, como los pisos que debían ceder los grandes tenedores. La propuesta actual merece el beneficio de la duda, aunque los antecedentes no invitan al optimismo.

Rebajar los costes.
Los promotores insisten en la necesidad de la rebaja de los costes, empezando por las tasas municipales y la disponibilidad de suelo suficiente para atender a la demanda. Esta última herramienta es esencial para bajar la especulación y dar respuestas a la demanda. Sorprende que de manera sistemática el Govern derive en los ayuntamientos la responsabilidad, cuando el que dispone de instrumentos para resolverlo es el Ejecutivo balear.