El Gobierno debe controlar antes las compañías aéreas

Fiscalizar y vigilar a las aerolíneas.
Pero el órgano de control del sector público, que depende de las Cortes Generales, debe dirigir preferentemente su atención hacia las compañías aéreas en lugar de los usuarios para controlar el comportamiento de las tarifas y determinar si se incrementa el coste del billete cuando quien lo compra es un residente. El Estado destinó 532 millones de euros durante el 2018 al descuento de residente –que incluye a Balears, Canarias, Ceuta y Melilla- y para el 2019 había previsto superar los 625 millones. Es lógico que quiera fiscalizar estas cantidades.

Preguntar al final del proceso de compra.
Una de las medidas que el Gobierno ha anunciado en varias ocasiones consiste en imponer a las aerolíneas que se identifique la condición de residente al final del proceso de compra, no al principio para impedir el uso fraudulento del descuento de residente. Las compañías aéreas rechazan este control, que el ministro Ábalos confirmó en sede parlamentaria sería utilizado como mecanismo de vigilancia. No se comprende cómo aún no ha entrado en vigor para evitar la picaresca de las dobles tarifas para residentes y no residentes..