La entrevista que publicó ayer Periódico de Ibiza y Formentera al presidente del Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, Iván Torres, dibuja un panorama desolador para el sector de la construcción, impropio para una actividad económica esencial para la economía de las pitiusas. No hay salida para las construcciones que se hicieron sin licencia en suelo rústico, el diagnóstico del PTI está politizado, se exigen cédulas de habitabilidad para viviendas nuevas que han superado numerosos trámites y exigencias y las licencias de obra acumulan un retraso de hasta 28 meses, el doble que en las otras islas, son solo algunas de las críticas de Torres a la realidad del sector. Todas estas cuestiones son tan importantes que merecen una solución.
Mucho trabajo por delante.
De todo ello, se deduce que hay mucho trabajo por delante, no solo para el Consell d’Eivissa, sino también para el Govern y para los ayuntamientos. El sector de la construcción genera ingresos públicos suficientes a través de los cuantiosos impuestos que abona para que haya una mayor sensibilidad y respuesta hacia sus demandas. Algunas cuestiones son fácilmente resolubles, ya que solo necesitan más recursos y medios o modificaciones normativas. Otras, en cambio, como la ordenación del territorio necesitan un recomendable consenso de las fuerzas políticas.
Consenso político.
Fue un error del gobierno de Vicent Torres aprobar una modificación del PTI a las puertas de las elecciones y sin tan siquiera disponer de un diagnóstico actualizado. Es deseable que el gobierno de Vicent Marí no cometa el mismo error y trate de consensuar, no solo con el resto de las fuerzas políticas, sino también con los ayuntamientos y los agentes sociales el futuro de la ordenación territorial. La seguridad jurídica necesita normas estables que no estén en permanente revisión.
