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El acto de apertura del nuevo año judicial en Ibiza se saldó ayer con un nuevo aplazamiento de la fecha de inauguración del nuevo edificio de sa Graduada. El secretario genral del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo, fue incapaz de concretar una nueva fecha para el corte de cinta de un edificio que acumula un retraso tras otro sin justificación de ningún tipo. Los profesionales no tienen dudas de que los nuevos juzgados no entrarán en funcionamiento hasta 2020, reparo más que justificado a la vista de los anteriores retrasos acumulados. Los últimos han sido calificados por el alto cargo de Justicia de «incidentes de última hora no solo relativos a la edificación sino a la adecuación del edificio», lo que es un eufemismo utilizado por Viejo para edulcorar las malas praxis de las empresas contratistas y del poco control que el Ministerio de Justicia ha venido ejerciendo sobre las mismas.

Los casos pendientes se disparan.
Mientras el nuevo edificio concatena un retraso tras otro, el número de casos sin resolver se dispara sin que la administración de Justicia sea capaz de dar respuesta. Es cierto que crece el número de casos tramitados, pero también lo es que el Ministerio de Justicia no está haciendo nada para dar respuesta a dicho incremento. La máxima de que una justicia lenta no es justa adquiere en este caso mayor relevancia que nunca.

«Medidas diferentes y supletorias».
«Las medidas diferentes y supletorias» que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Antonio Terrasa, avanzó ayer que hará falta implementar para que los juzgados de Ibiza recuperen la normalidad y se sitúen en unas métricas nacionales ya de por sí bajas no pueden esperar a la inauguración del nuevo edificio. La respuesta del Gobierno del PSOE no puede ser mirar hacia otro lado exclusivamente mientras espera que algún día la fecha de inauguración sea cierta. La cifra de 13.700 casos tramitándose en los juzgados ibicencos merecen algo más que un Gobierno que espera de brazos cruzados.