El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará mañana un más que previsible adelanto electoral tras el rechazo en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado. La decisión de poner fin a la legislatura tiene amplias consecuencias políticas, entre las que hay que destacar, por su impacto en las Islas, el efecto sobre la tramitación del Régimen Especial de Balears (REB). Con las Cortes disueltas, el futuro del documento que debe ser la herramienta básica para mejorar la competitividad de nuestra economía está en entredicho. El margen para su aprobación se ha reducido una vez que se ha rebasado el plazo comprometido del pasado mes de diciembre. Ahora se trata de una carrera contrarreloj.
Presión desde el Consolat.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, es consciente de los mucho que está en juego con la aprobación del REB, cuyo contenido está ya cerrado y pendiente de su validación por parte del Consejo de Ministros. La eventual convocatoria electoral dejaría al Gobierno en funciones, circunstancia que rebajaría el REB a la categoría de decreto gubernamental pendiente de ratificación por parte de la Diputación Permanente del Congreso, aunque se trata de una hipótesis de futuro. Frente a este escenario es comprensible que Armengol despliegue toda la influencia de que sea capaz para comprometer la aprobación del REB, más allá de la figura jurídica que se establezca. La ugencia, en este sentido, es máxima.
Consenso social.
El REB atraviesa un momento crítico. Postergar su aprobación para el futuro es una apuesta que puede generar incertidumbre. Es por ello que quizá sea conveniente que desde el Govern se transmita a Madrid que su aprobación no es sólo un gesto político con Balears, el REB responde a una amplísima demanda de la sociedad que no puede ser, de nuevo frustrada. Hay posibilidades, todavía, de materializar un Régimen Especial para Balears; es el momento de jugar todas las cartas.
