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Las protestas del sector del taxi que se iniciaron en Barcelona se extienden por todo el país, como se evidenció el pasado sábado en Palma con la movilización de centenares de profesionales. La irrupción en el mercado de empresas como Uber o Cabify, que explotan licencias de VTC (Vehículos de Transporte con Chófer) que concede el Gobierno y son de ámbito estatal, distorsiona desde hace años el mercado de los permisos municipales, por los que se llegan a pagar cantidades desorbitadas. Ante esta situación resulta obligado reclamar un marco reglamentario que compatibilice intereses, y los de los ciudadanos en primer lugar.

Apertura de licencias.
Un reciente fallo judicial que levantaba las restricciones a las VTC en Barcelona ha sido el detonante de un conflicto que se mantenía latente. La contundencia de las acciones que realizan los taxistas deja en evidencia el profundo malestar que genera esta situación. De hecho, el Ministerio de Fomento está manteniendo reuniones con los representantes de las principales organizaciones para tratar de formular alternativas, un encuentro que no hay que descartar que tenga lugar bajo una fuerte presión por parte de los conductores. Las soluciones no son sencillas, y menos cuando el marco jurídico actual habilita fórmulas de concesión de licencias de taxi diferentes.

La calidad en el servicio.
En todo este conflicto hay un elemento que no puede quedar marginado, y no es otro que el usuario. El éxito de los servicios bajo la licencia VTC se basa en la competitividad de sus precios y en la calidad de su oferta, aspectos en los que el taxi tradicional tiene enormes dificultades para poder ofrecer alternativas atractivas a las de las nuevas plataformas. Hay, además, elementos del marco normativo comunitario que también deben sopesarse si, en realidad, se quiere resolver de una manera definitiva este complejo conflicto de intereses.