Eivissa13/06/18 4:01
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La sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘caso Nóos’ deja, literalmente, en la puerta de la cárcel a Iñaki Urdagarin, cuñado del Rey. Esta misma mañana se le notificará en Palma la orden para que cumpla cinco años y diez meses de cárcel por el entramado con el que se enriqueció con cargo a los fondos públicos que canalizó por medio del Instituto Nóos junto con Diego Torres; una fundación sin aparente ánimo de lucro que le sirvió de pantalla. El expresidente del Govern, Jaume Matas, también deberá cumplir una pena de tres años y ocho meses por un delito, entre otros, de malversación de caudales públicos. Un fallo ejemplar para una sociedad, la española, harta de corrupción y necesitada de contundencia en su castigo.

Nueva conciencia social.
Los magistrados del Supremo han ratificado, en términos globales, el fallo que dictó la Audiencia. Más allá de las cuestiones de técnica jurídica, lo más relevante de todo este asunto es que los jueces, en Palma y Madrid, han disipado las dudas sobre la existencia de presiones que pudieran poner en entredicho su independencia. Aunque con una lentitud exasperante, el ‘caso Nóos’ ha llegado a su última estación del largo trayecto judicial respondiendo al nuevo clima social que España reclama contra la corrupción; con independencia de quienes sean y la condición que ostenten sus responsables. Las leyes están para ser cumplidas, por todos.

Consecuencias políticas.
El ‘caso Nóos’ ha tenido, sin duda, un impacto político de primer orden: la adbicación del rey don Juan Carlos. El relevo en la Jefatura del Estado da cuenta de la dimensión de un procedimiento judicial que también alcanza la institución monárquica, ante la que la actitud de don Felipe es clave para garantizar su salvaguarda. También hay un aspecto relevante en la sentencia, el despilfarro interesado que avaló el expresidente Matas con el dinero de los ciudadanos también se castiga.