24/12/17 4:01
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La anunciada, y comprometida, reforma del sistema de financiación autonómica no supondrá un cambio sustancial respecto a la situación actual. La propuesta sobre la que trabaja el Gobierno, que situaría en torno a los 2.512 millones de euros anuales la aportación del Estado, está muy alejada de las conclusiones a las que han llegado los expertos del Govern, encabezados por Guillem López Casasnovas, que fijaba en 2.732 millones la aportación justa que debería recibir la comunidad balear de los fondos estatales. Teniendo en cuenta de que la diferencia es de 220 millones de euros cada año y que el plazo de vigencia del modelo debe ser de cinco años, aunque el actual ha excedido con creces este plazo, el cálculo del desfase es mil millonario.

Un agravio reconocido.
El agravio financiero que sufre la Administración autonómica balear es clamoroso desde hace décadas, una situación que rebasa el terreno de la tensión política entre Palma y Madrid. El Govern gestiona competencias y servicios básicos esenciales para los ciudadanos, como la sanidad, la educación o la asistencia social. La falta de una compensación económica justa impiden ofrecer una prestaciones similares a la media estatal, un castigo que el Gobierno central pretende seguir prolongando sin ninguna razón que lo justifique. Balears es de las pocas comunidades con una aportación neta al Estado, indiscutida por los técnicos del Estado, que debería ser correspondida.

El frente común.
La acción política y social transversal es la única arma que puede esgrimirse desde las Islas para conseguir revertir los planes gubernamentales en un tema tan trascendental, como es el de la financiación autonómica. En este sentido, el papel del Govern es determinante para aglutinar este frente común que debe salvar las barreras partidistas si de verdad se busca resolver el problema, de lo contrario el ciudadano balear continuará siendo infravalorado por el Estado.