La decisión de la Conselleria de Benestar Social de conceder una renta social de 543 euros mensuales a los mayores de 45 años que se encuentren en estado de marginalidad (en vez de los 55 años que se exigen en la actualidad) debe ser valorada como un esfuerzo del Govern para ayudar a los más necesitados en una sociedad muy dinámica, que sale de una importante depresión económica y que no quiere dejar abandonados a los segmentos débiles del cuerpo social. Este tipo de apoyos refuerzan también la política del actual Pacte de izquierdas, que necesita iniciativas que la distingan de las etapas del PP en el poder.

Estas ayudas no deben ser un chollo
En todo caso, debe existir un serio y profesional control público de las pensiones que se concedan a los mayores de 45 años. Ha de quedar milimétricamente comprobado que se trata de personas carentes de apoyos familiares y que no realizan actividades laborales encubiertas. Esta renta se ha de inscribir dentro de la lucha contra la marginalidad, y jamás se ha de consentir que se convierta en un chollo o un fraude. Benestar Social tiene suficientes resortes para comprobar el buen funcionamiento de este servicio, que tampoco debe desviarse de un objetivo muy importante: lograr la reinserción de muchas de estas personas en el mercado laboral.
Autoestima y estabilidad
Lo más importante de esta renta social ampliada, además de lograr que no pocas personas al borde de la desesperación puedan sentirse protegidas, es la autoestima que genera en el conjunto de una sociedad que ve cómo sus impuestos sirven para que nadie quede abandonado. Solamente esta convicción aporta estabilidad social. Progreso económico y lucha contra la marginalidad deben ir de la mano siempre que sea posible. Tal binomio hace mejor al conjunto de la ciudadanía y establece unas bases de futuro sólidas y coherentes. Es la demostración práctica de lo que significa el pensamiento humanista en una colectividad avanzada.