Eivissa12/05/17 4:00
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El proyecto de Ley de Presupuestos del Estado que se tramita en el Congreso tiene una disposición que deja en el aire la continuidad de miles de trabajadores públicos interinos, alrededor de 12.000 sólo en Balears. La redacción actual fija en tres años el plazo máximo la interinidad de una plaza en la Administración, una norma que de cumplirse haría inviable la prestación de numerosos servicios; en especial en áreas tan sensibles como educación o sanidad. No obstante, es evidente que los actuales índices de interinidad son, en casi todos los niveles de la Administración, inadmisibles y es preciso dotar de más estabilidad laboral a las actuales plantillas.

Regularizar plantillas. Las ofertas públicas de empleo anunciadas servirán, en la mayoría de los casos, para que muchos de los actuales interinos adquieran la condición de funcionarios. Se trata de un proceso bloqueado, desde el mismo Gobierno, durante años y que ha disparado la interinidad a las cotas exageradas actuales y que acaban generando situaciones grotescas, como llegar a alcanzar la edad de jubilación en estas condiciones laborales. Balears, en comparación con otras autonomías, tiene un porcentaje de trabajadores públicos relativamente bajo, pero con muchos interinos. La cuestión de fondo es determinar el mayor grado de eficiencia en la función pública. Este es un ejercicio siempre complejo que continúa pendiente.

Evitar la discriminación. La propuesta de Montoro, a la que los sindicatos se oponen y ha generado numerosas enmiendas, plantea una equiparación entre la Administración y la empresa privada. El actual Estatuto de los Trabajadores consolida los contratos de una duración superior a los tres años en la esfera privada, otorgándoles una duración indefinida. La realidad, sin embargo, es que la propia Administración no está en condiciones de rebajar de manera sustancial la precariedad de algunos de sus trabajadores cuando está obligada a mantener servicios esenciales.