Eivissa11/11/16 0:00
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El Tribunal de Justicia de Balears ha dictado una sentencia por la cual anula el nombramiento de Ángeles Gallardo como coordinadora de seguridad del Ayuntamiento de Sant Antoni. El recurso fue planteado por el comisario jefe del municipio, Javier Verdugo, quien ha sido maltratado por el tripartito ‘portmanyí’ desde que comenzó la legislatura. De hecho, el Ayuntamiento intentó restarle protagonismo en el acto celebrado el sábado pasado en Sant Joan. La sentencia, que puede ser recurrida, es contundente. Entre otras cosas, acusa al Ayuntamiento de «desviación de poder» con el nombramiento de Ángeles Gallardo, que deberá dejar su puesto y devolver todo el dinero cobrado hasta ahora.

Crisis en el gobierno. El Ayuntamiento de Sant Antoni no está viviendo, precisamente, sus mejores momentos. No hace falta recordar el episodio protagonizado por Pablo Valdés en las redes sociales, donde el polémico teniente de alcalde se mofaba del problema de la falta de vestuario por parte de la Policía Local. Los chistes y burlas de Valdés provocaron la indignación de los vecinos de Sant Antoni, que no daban crédito de las palabras de su representante político en las redes sociales. Aún se esperan, por cierto, unas disculpas públicas de Valdés, que además mintió sobre nuestro medio.

Varapalo judicial. Sin embargo, el episodio de Valdés y el resto de concejales en las redes sociales quedan en un segundo plano tras la sentencia que trascendió ayer por la tarde. La decisión no sorprende porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento portmanyí ya habían advertido de que el nombramiento de Ángeles Gallardo no era legal. También conviene recordar que la defensa del consistorio la ha ejercido el marido de la consellera de Presidència del Govern, Pilar Costa. ¿Quién asume las responsabilidades por esta desviación de poder? ¿Quién decidió nombrar a Ángeles Gallardo? Si es Aída Alcaraz, hoy mismo debería presentar su dimisión de forma irrevocable. No se puede actuar con tanta incompetencia. Porque hay que insistir que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya avisaron de lo que ocurriría. No sirven excusas. Esperemos que hoy mismo el alcalde y su edil Aída Alcaraz den una respuesta convincente, aunque es difícil.