Los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears revelan que 1.479 construcciones en suelo rústico han sido legalizadas, una operación que ha sido posible gracias a la amnistía que posibilita la Ley de Ordenación y Uso del Suelo que se aprobó en la pasada legislatura. Ésta fue una de las iniciativas más emblemáticas del Govern que presidió José Ramón Bauzá, del Partido Popular, y con la que pretendía resolver el problema crónico que significan las construcciones ilegales en terreno rústico. A pesar de que la tramitación conlleva la aplicación de sanciones económicas a los infractores, lo cierto es que la legalización supone un agravio frente a aquellos propietarios que construyeron con arreglo a la legalidad y permite consolidar las operaciones especulativas.
EDITORIAL
La especulación se impone en el suelo rústico
Eivissa17/10/15 0:00
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