EditorialEivissa04/07/15 0:00
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Uno de los aspectos más destacados del discurso que pronunció Francina Armengol en su toma de posesión fue, sin duda, la referencia crítica al actual sistema de financiación autonómica por el castigo que impone a las cuentas públicas de Balears. El punto de partida de la Comunitat Autònoma no deja lugar a dudas: cada año acumula un déficit de 400 millones de euros. Es la diferencia entre el coste de los servicios que presta –entre ellos sanidad y educación– y sus ingresos. La situación es, a todas luces, insostenible, y así lo evidenció la presidenta ante el representante del Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acudió al acto.

Resolver un agravio. Balears precisa resolver, y con urgencia, un agravio que lastra su desarrollo económico y social desde 1983. La pésima financiación es un mal crónico que no se ha resuelto ni desde la discrepancia ideológica de los gobiernos de Palma y Madrid ni cuando ha existido coincidencia. La presencia del secretario general del PSOE y candidato a presidir el Gobierno, Pedro Sánchez, es una oportunidad que Armengol no dejó escapar. Balears sufren un castigo injusto y permanente por parte del Estado en materia financiera para cuyo remedio el Govern sólo tiene una opción: el incremento de la presión fiscal.

Discriminación política. Muchos de los compromisos que asume el Govern que preside Francina Armengol se traducen en un incremento del gasto público, mejorar y ampliar las prestaciones requiere más dotación económica. Ante esta tesitura crece la incertidumbre sobre qué derrota seguirá el nuevo equipo de que coordina desde el Consolat de la Mar; incrementar todavía más el déficit o crear un marco tributario más agresivo. Ambas opciones son perjudiciales para los intereses de Balears. La cuestión básica pasa por generar un frente político común de las islas, por encima de las filiaciones ideológicas, para reclamar en Madrid y con una sola voz aquello que pertenece a los ciudadanos.