El Supremo marca límites al debate político

Insultos y tensión social. Tanto el tono como los improperios que le dedicó Bravo al president no merecen ningún tipo de justificación, y hay que enmarcarlos en un contexto de crítica política y en un momento de alta tensión social. Los insultos denotan mala educación, falta de recursos dialécticos y están fuera de lugar, sin duda, pero es muy discutible interpretarlos en la literalidad de las palabras, que es lo que pretendía la defensa del president.

El debate político y público. Es muy significativo que desde la distancia del Supremo se vean inadmisibles unos improperios que los jueces de Palma consideraron no sancionables. A su juicio, «las expresiones utilizadas por el demandado aparecen embebidas en un contexto de crítica a la actuación del Govern que resta importancia a la referencia personal que comportan».

Pero lo cierto, según el Supremo, es que las reiteradas descalificaciones groseras y ofensivas de Bravo no pueden forman parte del coste que supone asumir un cargo público.

La figura del president del Govern, sea quien sea quien ocupe el cargo, se sitúa en el centro del debate, en el eje de los posibles ataques políticos y puede ser objeto de críticas duras, agrias y mordaces, como opinan los juristas consultados por este diario y reitera la propia doctrina del Alto Tribunal pero hay unos límites que no deberían traspasarse.