EditorialEivissa02/02/15 0:00
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Los cambios que quiere introducir el Partido Popular en la vigente ley de incompatibilidades no recoge el clima actual que, en esta materia, exige la sociedad balear. Relajar, como se desprende en el texto que propone el grupo conservador en el Parlament, aspectos tan delicados como el de mantener la titularidad de las empresas que pertenecen a los altos cargos de la Administración autonómica es una medida que debe quedar revisada durante la tramitación legislativa; aunque sólo sea para evitar los previsibles conflictos de intereses. Aunque en algunos aspectos se endurece la norma en relación con la lagislación vigente, la propuesta adolece una permisividad y falta de control que no se entiende de cara a la opinión pública.

Compromisos inasumibles. El presidente regional del PP, José Ramón Bauzá, debería explicar algunos cambios que impondrá la nueva ley de incompatibilidades y que afecta a aspectos tan trascendentales como la obligatoridad de mantener el déficit cero; un compromiso inalcanzable y que todavía sorprende más que lleve la firma de un president que ha rebasado todos los límites fijados en un año electoral como este. Los políticos, en este caso del PP, vuelven a gobernar de cara a la galería, buscando el impacto mediático momentáneo conscientes de que nunca se cumplirá –y menos con el vigente modelo de financiación autonómica para Balears– esta exigencia legal.

Protocolo y lengua. Recuperar el tratamiento de Molt Honorable para el president, incluso cuando se abandona el cargo, o insistir en que el Govern debe trabajar desde la «neutralidad» lingüística, para favorecer sin duda el uso del castellano sobre el catalán en las Islas, son cuestiones que parece exagerado plantearlo en una ley del Parlament. En el primer caso quizá sería suficiente resolverlo con otro tipo de norma, mientras que en el segundo evidencia, una vez más, la obsesión de Bauzá y su partido por todo lo relacionado con la defensa y promoción de la lengua propia de Balears.