Los obispos españoles han asegurado que colaborarán con el fondo de compensación recomendado por el Defensor del Pueblo siempre que este mecanismo se articule para compensar a todas las víctimas de abusos en la sociedad, no solo a las de la Iglesia. En caso contrario, dicen que compensarán igualmente a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia pero a través de sus propios mecanismos.
«La Conferencia Episcopal está absolutamente de acuerdo en que se articulen esos mecanismos de reparación integral para todas las víctimas porque, si es solamente para las de la Iglesia, hay un 90% de víctimas que no tendrían derecho a esa reparación, que quedan excluidas, lo cual no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos de este país. Entonces, claro que participaríamos. Si es solo para víctimas de la Iglesia ya estamos trabajando dentro de la Iglesia en esa reparación integral, ahora, si se estipula, si se acuerda hacer para todos, por supuesto, también se habló ayer, estaremos dispuestos a participar pero de nuevo pongamos siempre a todas las víctimas en ese centro», ha indicado el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán.
Así lo ha expresado García Magán este martes en la rueda de prensa posterior a una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE, que reunió este lunes a los obispos españoles para analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia, entregado el pasado viernes en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, sobre las extrapolaciones de la encuesta encargada por el Defensor del Pueblo --según la cual, un 0,6% de la población española ha sufrido abusos por parte de sacerdotes y religiosos, y un 1,13%, en el ámbito religioso en general-- García Magán ha advertido de que las encuestas, según los técnicos en demoscopia, tienen «un margen de error de más menos 1%»; y ha advertido de que en el 1,13% también se incluye personal laico y miembros de otras confesiones.
Por ello, García Magán ha pedido no extender «una sombra de sospecha a todos los sacerdotes» porque eso, a su juicio, «es falso y es injusto». Además, preguntado por encubrimientos de abusos en las diócesis, ha asegurado que a fecha de hoy «no hay ningún obispo formalmente encausado».
En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que el sábado pasado dijo que las cifras extrapoladas por algunos medios son «mentira», ha insistido en que «cuando una cosa no coincide» tiene que «decirlo». «Si seguimos las cuentas matemáticas estaríamos todos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, eso no está bien hecho», ha apuntado.
En todo caso, ha evitado «andar con reproches» porque «el tema de las cifras, a su juicio, »es muy complicado« y »las cifras al final no llevan a ninguna parte« sino que lo importante »son las personas".
En este sentido, los obispos se han comprometido a «trabajar juntos por ayudarlas y acompañarlas». «Pedimos perdón y queremos rectificar», ha abundado Omella, aunque ha precisado que, desde que se ha tomado «conciencia» del problema «en España y en todas partes, los abusos han descendido drásticamente».
Así, los obispos se mostraron este lunes durante la reunión --la cuarta asamblea plenaria extraordinaria del episcopado español--, a favor de una reparación integral a todas las víctimas sin importar en qué ámbito se ha producido el abuso y no sólo a nivel económico sino también psicológico y espiritual.
En concreto, en cuanto a la reparación económica, Omella ha deseado que «fuera una reparación para todas las víctimas sin que se produjera una discriminación ni positiva ni negativa» y que, si se crea el fondo del Defensor, también participen instituciones educativas y federaciones deportivas.
Preguntados por una falta de colaboración de algunas diócesis, Omella ha puntualizado que en el caso de la diócesis de Ibiza, que «aparece como que no colaboró» en el informe del Defensor del Pueblo, «el obispo dice que tiene el acuse de recibo» por lo que considera que «seguramente es un error».
Por otra parte, durante el encuentro de este lunes, los prelados decidieron aplazar hasta la próxima asamblea plenaria del 20 al 24 de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, sobre la realización de una auditoría de abusos sexuales en la infancia.
NO HAY ACTITUD DE DIVISIÓN SOBRE CREMADES
Omella ha explicado que tomaron la decisión de posponerla porque estaban «cansados al final del día» tras varias horas de reunión y porque es más complicado al ser un encuentro en el que muchos obispos participaban por videoconferencia. Si bien, han apuntado que, durante la asamblea, pudieron escuchar las razones del presidente de la firma legal, Javier Cremades, que estaba presente en la reunión para pedir una ampliación de plazo, y que no hubo «actitud de división» entre los obispos pues aunque no son unánimes, ha defendido que existe «unión» entre ellos.
Por otro lado, sobre la mejora de la formación de los seminaristas --otra de las recomendaciones del Defensor--, Omella ha apostado por una formación «integral» a los «chavales», no sólo dentro de la Iglesia, también en la dimensión afectivo sexual, pero cree que «no es exacto decir que como son célibes» son «propensos al abuso».
En este sentido, el Dicasterio para el Clero ha invitado a los miembros de la Asamblea Plenaria para una reunión de la Conferencia Episcopal en Roma, el próximo 28 de noviembre. En esta reunión se abordarán las conclusiones del trabajo realizado durante la visita a los Seminarios de España al comienzo de este año y que, según Omella, es un informe positivo.
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