La directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la UCM, Begoña Gómez. | David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El juez Juan Carlos Peinado amplia su investigación contra Begoña Gómez. Días después de que la justicia haya dado carpetazo definitivo a las querellas presentadas contra él por Pedro Sánchez y su mujer y de que la Audiencia Provincial haya rechazado acotar su instrucción, el magistrado decidió este martes imputar a la esposa del presidente también por apropiación indebida e intrusismo profesional en relación al polémico software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Una herramienta informática que -según la denuncia del colectivo Hazte Oír que el magistrado admite a trámite- Gómez encargó para uno de sus dos máster ya desaparecidos y que hizo pagar a través de patrocinios, pero que luego habría explotado a través de su empresa particular creada a finales del pasado año.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que hasta ahora acusaba exclusivamente a la mujer del presidente por corrupción y tráfico de influencias, amplía sus pesquisas en esos dos flancos diferentes: por una lado la apropiación indebida en sí (por quedarse con el software) y por el otro, por intrusismo, por haber licitado en nombre de la universidad la implementación de esa herramienta sin los conocimientos técnicos y profesionales informáticos pertinentes.

Peinado -que no obstante rechaza la pretensión Hazte Oír de imputar también a la esposa de Pedro Sánchez los delitos de administración desleal y malversación- ha citado a Gómez para su interrogatorio el próximo 18 de noviembre a las 13:30 horas. Ese mismo día está convocado como testigo Gabriel Navarro Azpiroz, director de los servicios jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Navarro fue el letrado que firmó el informe que el pasado 1 de julio la UCM remitió al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y en el que se apuntaba la posibilidad de que la mujer de Pedro Sánchez pudiera haber incurrido en un delito de «apropiación indebida» por haberse beneficiado de un software de la universidad y en el que se daba cuenta, además, de los resultados de la investigación interna puesta en marcha por el centro con el fin «de averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria».

En ese informe, el abogado de la UCM pedía ayuda al juez para aclarar si Gómez se ha quedado para sí el software que se desarrolló para su máster de Transformación Social Competitiva (TSC) porque no había logrado llegar al fondo de este asunto por la falta de colaboración de la investigada. «Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», lamentaba la universidad.

El pasado 24 de septiembre la Audiencia dio autorización al instructor Peinado a entrar de lleno en la investigación sobre el software. La sección 3 -que rechazó los argumentos de la Fiscalía, que pedía que esta nueva línea recayera en el juzgado 48- apuntó que había suficientes pruebas para investigar la querella de Hazte Oír en conexión con la causa que ya estaba abierta.
Indra, Telefónica y Google.

Según las acusaciones populares (Vox, Iustitia Europea, Hazte Oír y Manos Limpias), fue la esposa del presidente quien pidió a Indra, Telefónica y Google que le proporcionaran gratuitamente esa herramienta para su máster de Transformación Social Competitiva. Aquellos trabajos tuvieron un coste cercano a los 150.000 euros pero nadie -ni la imputada ni la universidad ni el máster- abonó nada. Luego, Gómez firmó de su puño y letra dos adjudicaciones por valor de 60.500 euros, IVA incluido, para el desarrollo e «implementación» de esa herramienta, que acabó pagando la universidad.

Finalmente, el software terminó ofreciéndose en noviembre de 2023 desde la web de la compañía de Gómez. Se trata de Transforma TSC (siglas que se corresponden con Transformación Social Competitiva), creada ese mismo mes con un capital social de 3.000 euros, sin trabajadores, con sede en el piso de Pozuelo de Alarcón del matrimonio y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única.

Transforma TSC, como anunciaba en su web, ofrecía ese software, que presentaba como propio, a las pymes para conseguir «informes de impacto social y medioambiental». Se da la circunstancia además de que esa página web desde la que se promocionaba el programa tenía un dominio '.org', típico de las organizaciones no gubernamentales. Algo que podría llevar a confusión con el máster público del que Gómez era codirectora, pese a carecer de licenciatura universitaria, para la citada Transformación Social Competitiva.

A pesar de que el concurso público especificaba que el lugar de ejecución de este proyecto era la «Escuela de Gobierno UCM-Cátedra de Transformación Social Competitiva», el correo electrónico de soporte y contacto para los usuarios de esta herramienta estaba bajo el dominio de la empresa de Gómez y no de la Complutense.

Desde el entorno de Gómez se viene defendiendo desde hace meses que en ningún momento la mujer del presidente registró la herramienta a su nombre ni la comercializó ni la canalizó a través de una empresa. Y que no obtuvo beneficio económico alguno de ese controvertido software.