El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, a su salida en el Congreso de los Diputados, a 27 de febrero de 2024, en Madrid. | Europa Press - Eduardo Parra

Las acusaciones en el caso Koldo Iustitia Europa y Hazte Oír han pedido al juez que inicie los trámites para imputar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exdirector de la Guardia Civil Leandro Marcos González tras las revelaciones de la UCO.

«Las recientes investigaciones de la UCO identifican al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como uno de los actores principales de esta trama y, al mismo, tiempo, vuelven a poner el foco en la relación de la trama que se investiga con Armengol y el rescate de Air Europa así como con la visita de Delcy Rodríguez a España», exponen estas acusaciones en una nota de prensa conjunta.

Según ha recogido Efe, en su escrito al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno piden además la apertura de dos piezas separadas para investigar el rescate de Air Europa y para esclarecer las circunstancias que rodearon el aterrizaje del avión de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas en enero de 2020.

En lo relativo a Air Europa, reclaman que se deduzca testimonio al exCEO de Globalia Javier Hidalgo por haber negado, cuando declaró como testigo en la Audiencia Naciona.l que conociera a Koldo García, exasesor de Ábalos.

Respecto a Delcy, estas acusaciones recalcan la existencia de un mensaje «relevante» en el que el conseguidor de la trama Víctor de Aldama, que la llama «la jefa», habla con una persona cercana a ella, Jorge Giménez, y le menciona la necesidad de conseguir efectivo para «seguir alimentando la máquina».

A esto añaden que el informe también revela que Aldama supuestamente pagaba a Koldo 10.000 euros mensuales desde 2019 como contraprestación por sus servicios en la facilitación de contactos con altos cargos del gobierno español, incluido Ábalos, «quien a su vez tomaba decisiones que beneficiaban directamente a los intereses de Aldama». Consideran así que Ábalos esta implicado en ambos episodios, ya que mantenía una estrecha relación Koldo García, quien, destacan, «actuaba como intermediario en diversos asuntos relacionados con adjudicaciones de contratos públicos, el rescate de Air Europa, la visita de la Sra. Delcy Rodríguez a Madrid, la adquisición de inmuebles, el pago de alquileres al Sr. Ábalos, la compra de Mascarillas y Pcr…».

«El Sr. Ábalos fue uno de los actores principales en la negociación del rescate de Air Europa, donde se utilizaron influencias y contactos para asegurar que el rescate de la aerolínea, valorado en 435 millones de euros, fuera aprobado. Las conversaciones interceptadas evidencian que el Sr. Ábalos participó en encuentros clave con la Sra. Nadia Calviño, entonces ministra de Economía», de la que piden también que se la cite como testigo. Por todo ello, piden al juez que le llame a declarar como investigado y que le ofrezca, dada su condición de aforado, la posibilidad de comparecer voluntariamente, informándole de su situación procesal y de su derecho a defenderse de conformidad con el art. 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «y salvo mejor parecer del Instructor, que se eleve exposición razonada» al Tribunal Supremo.

En cuanto a Armengol, respecto a la que piden actuar de igual forma, solicitan su citación como investigada y también la de la que fuera consejera de salud en Baleares Patricia Gómez Picard porque de los últimos informes de la UCO «se desprende, de manera indiciaria, que pudieron tener participación en favorecer contrataciones públicas con la empresa MEGALAB-EUROFINS» con la que Koldo García les pidió que contratasen los test de COVID. Respecto a la citación del exdirector de la Guardia Civil, las acusaciones la argumentan que, según uno de los últimos informes de la UCO, uno de los ya investigados de este cuerpo, el comandante Rubén Villalba, aseguró que fue Marcos González quien le informó de la investigación abierta a esta trama, si bien admiten que el informe subraya que no se han encontrado hasta la fecha indicios que confirmen estas afirmaciones. A su juicio, «esto requeriría más investigación para determinar si efectivamente se produjo una filtración y si se utilizó para influir o manipular el curso de las investigaciones».