Tal y como han explicado en un comunicado conjunto, las tres patronales consideran "inaceptable" que el Ministerio del Interior haya tomado esta decisión "desoyendo sus advertencias", y critican que "esta medida abocará a las agencias de viajes a una situación grave de inseguridad jurídica por imposibilidad objetiva de cumplir con la normativa vigente".
Por ello, las agencias reiteran su petición urgente de que el Ministerio reconsidere su "injustificada" decisión, y así se lo han trasladado tanto al propio departamento como a la Secretaria de Estado de Turismo.
Según las patronales, una de las principales consecuencias de la aplicación del registro sería el colapso de los medios administrativos de las agencias, porque en España son en su mayoría son pymes y micropymes, teniendo en cuenta que "las gestiones requerirán ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales".
Otros efectos negativos son la imposibilidad de cumplir con los requerimientos de información en muchas operaciones en el plazo fijado por la norma y el posible elevado número de agencias de viajes que serán sancionadas a corto plazo por aplicar incorrectamente las "confusas instrucciones" que recoge el Real Decreto.
Además, la entrada el vigor de la norma tendría "afectación comercial", ya que "los mercados internacionales han mostrado su preocupación por el elevado volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se realizará de los mismos".
"La situación es crítica y exige una solución inmediata. La falta de acción por parte del Ministerio del Interior no solo amenaza la estabilidad y operatividad de las agencias de viajes, sino que también afecta a los mercados internacionales", han lamentado las patronales.
A pesar de todas estas peticiones del sector, Interior confirmó a las asociaciones, en una reunión del 4 de julio, que no ampliará la moratoria más allá del 1 de octubre y que no publicará ninguna Orden Ministerial para aclarar y limitar el alcance del Real Decreto.
Finalmente, Fetave, UNAV y Acave han confirmado que seguirán que lucharán por los intereses del sector, buscando la exclusión de las agencias de viajes del ámbito de aplicación del RD 933/2021 o, al menos, la implementación de medidas que "hagan viable su cumplimiento".
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