Los detenidos han sido acusados como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, y otros delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración clandestina, como ha informado la Policía Nacional en una nota.
Las primeras pesquisas se iniciaron a principios del año pasado, tras tener conocimiento de que en el conocido club de alterne Copas, en la Línea de la Concepción, donde se encontraban mujeres ejerciendo la prostitución en condiciones abusivas. Tras meses de vigilancias realizadas a los investigados, se pudo averiguar su modus operandi, difícil de detectar ya que tomaban grandes medidas de seguridad para no ser delatados.
El clan familiar, que llevaba años afincados en la localidad de San Roque, regentaba el club de alterne y también contaba con familiares que captaban a chicas en Colombia, país de origen de dos de las principales investigadas. Así, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de estas mujeres en su país para ofrecerles un falso trabajo en España.
Los captadores les gestionaban y sufragaban los gastos de desplazamiento a las víctimas, adquiriendo con ello una deuda con el grupo criminal que podía ascender a los 3.000 euros. Hasta que no pagaban esa deuda, las mujeres no disponían de libertad de movimientos, ya que no les entregaban las llaves del club para poder entrar y salir del mismo durante el día.
Además, se veían obligadas a compartir dormitorio entre ellas, sin tener ningún tipo de intimidad. Estas mismas habitaciones eran usadas para mantener las relaciones sexuales con los clientes.
Las mujeres tenían prohibido rechazar clientes, negarse a ciertas prácticas sexuales o al consumo de drogas. También se las obligaba a trabajar si se encontraban enfermas o incluso durante la menstruación, y eran amenazadas con ser expulsadas del club si se negaban a ello. Según la Policía, eran coaccionadas porque de esa manera las dejaban en una situación de especial vulnerabilidad al encontrarse sin medios y de forma irregular en el país.
También eran aleccionadas con las informaciones que debían proporcionar a la policía en caso de inspección, las cuales son realizadas con frecuencia por las Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de Policía Nacional para detectar esta tipología delictiva.
Para poder marcharse del club tenían que saldar sus deudas con el grupo y eran obligadas a borrar de sus teléfonos móviles todo aquello que pudiera incriminarlos, siendo amenazadas con hacer daño a sus familiares si acudían a denunciar su situación a la policía.
Como resultado de la investigación, se han llevado a cabo tres entradas y registros en colaboración con la Brigada de Seguridad Ciudad de La Línea, una de ellas en la localidad de La Línea y dos en San Roque.
En la operación han sido detenidas cuatro personas y una quinta está pendiente de detener, todas ellas miembros de una misma familia. También se han intervenido varios teléfonos móviles, 26 gramos de cocaína preordenadas al consumo en bolsitas individuales y dos balanzas digitales, ya que muchos servicios sexuales se ofrecían con consumo de estas sustancias, además de 113 gramos de hachís, una botella de oxido nitroso (gas de la risa), documentación relacionada con la investigación, dos vehículos y 10.845 euros en efectivo.
Por parte de la Policía Nacional, se ha conseguido la clausura temporal mediante resolución judicial del Juzgado de Instrucción número de cinco de La Línea de la Concepción de este conocido club de alterne, que llevaba funcionando décadas en mitad de una céntrica zona residencial, con el que convivían diariamente muchas familias linenses y el cual carecía de licencia alguna.
La Policía Nacional ha recordado que mantiene activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos. Ambas opciones son gratuitas, confidenciales y gestionadas directamente por agentes especializados.
Desde 2013, la colaboración ciudadana a través de las denuncias realizadas por estos medios ha sido clave en investigaciones policiales relacionadas con este delito y en la liberación de las víctimas.
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