Tres detenidos por empadronar a inmigrantes sin papeles en un domicilio

Todo comenzó el pasado 18 de diciembre cuando una dotación de la Policía Local detectó movimientos extraños en un grupo de personas de origen magrebí. A los policías les extrañó que se intercambiaran papeles de forma clandestina con una mujer residente de la localidad en las proximidades de las instalaciones municipales.

Tras acceder la mujer con uno de estos chicos al interior del Ayuntamiento los policías alertaron a su jefe del extraño movimiento. Resulta que el actual jefe de la Policía Local de Santa Margalida, Manuel Gallardo, en su etapa anterior fue uno de los mandos de la Policía Nacional más reconocidos y experto en materia de extranjería. Una vez en el lugar se procedió a identificar a todas las partes. La mujer se derrumbó y no le quedó más remedio que reconocer que estaba autorizado el empadronamiento en su domicilio a varios magrebíes a cambio de dinero.

Del mismo modo, también se identificó a otros dos marroquíes más y a un hombre que les había llevado a todos en su vehículo particular desde Inca. El Grupo II de la UCRIF se hizo cargo de la investigación logrando descubrir la figura del catalogado como 'organizador' de esta actividad delictiva. Se trata de un compatriota, de 32 años, con residencia en España que había logrado captar a la vecina de Santa Margalida para su negocio particular.

La mujer, dado su estado de necesidad y por una pequeña cantidad de dinero, se dejó convencer para autorizar el empadronamiento en su propio domicilio de un total de seis extranjeros en situación irregular, todos ellos procedentes de Marruecos. Estas personas, al igual que el resto de extranjeros en situación irregular empadronados de forma indebida y fraudulenta necesitaban desesperadamente un certificado de empadronamiento para poder llevar a cabo diferentes trámites con la administración, como la tarjeta sanitaria o ciudadana, entre otros.

Según sus propias declaraciones, cada uno de estos empadronados pagaba un total de 500 euros por el certificado de empadronamiento de los que la gran parte del dinero se lo habría quedado el organizador, quien le daría a la mujer una pequeña cantidad. El cabecilla de esta trama para permanecer en el anonimato y evitar ser identificado, contactaba telefónicamente con la mujer española con llamada oculta y contrataba los servicios de un tercero, un hombre de origen portugués de 57 años de edad en situación de paro laboral, quien con su vehículo particular hacía de taxista y se encargaba de trasladar a estos chicos hasta el Ayuntamiento de Can Picafort donde les esperaba la mujer para autorizar los empadronamientos.