La nueva Ley de Vivienda recoge que los propietarios de viviendas en alquiler tendrán que pagar los honorarios de las agencias inmobiliarias.
Hasta la llegada de este nuevo marco legal, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) apuntaba que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corren a cargo del arrendador (propietario del inmueble) cuando este se trate de una persona jurídica, es decir una empresa, pero no especificaba nada en el caso de los caseros particulares.
Es decir, la comisión de la inmobiliaria corría por parte del inquilino y ahora pasará a ser obligatorio para el propietario de la vivienda hacerse cargo de este gasto.
El objetivo es acabar con los gastos y honorarios inmobiliarios por parte del inquilino para facilitar su acceso a la vivienda eliminando el elevado desembolso inicial que supone esta carga.
Límite de la subida anual del alquiler y desvinculación del IPC
Otro cambio que genera la Nueva Ley de Vivienda es que a partir de enero de 2024 las actualizaciones de los alquileres se verán limitadas a un máximo de un 3 por ciento y quedarán desvinculadas del IPC. Hasta ahora la actualización de los alquileres estaba limitada a un máximo del 2% como una medida extraordinaria.
Zona tensionada
Además, el precio del alquiler puede estar bajo supervisión en función de si se encuentra en una zona tensionada o no. Por ejemplo, si hablamos de un alquiler nuevo en zona tensionada, el precio no podrá ser un 3% más caro que el precio del alquiler del anterior inquilino. Si se trata de grandes tenedores (personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas destinadas al alquiler) han avanzado que tendrán un índice especial, pero no han especificado cuál será. En caso de que no sea zona tensionada el casero podrá indicar el precio del alquiler que crea conveniente.
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