La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que la Ley de Vivienda «no va en contra de nadie, al contrario, favorece a todo el mundo», y ha asegurado que da garantías a inquilinos y propietarios.
Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los periodistas en Barcelona junto al candidato del PSC a la alcaldía de la capital catalana, Jaume Collboni, para explicar las novedades de la ley.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda tras casi tres años de negociaciones, que fijará una limitación a las subidas de todos los alquileres del 3% a partir de 2024, una vez finalice el actual tope al 2%.
La ministra ha celebrado este acuerdo tras meses de «arduo e intenso» trabajo, y ha considerado que es un «paso histórico que abre la puerta al ejercicio de otros derechos».
Ha asegurado que esta ley «propicia la constitución de un parque público de vivienda en régimen de alquiler y fija aquellas condiciones y regulaciones específicas para hacer posible que todo el mundo pueda pagar un alquiler».
APROBAR UN "ÍNDICE ESPECÍFICO"
Sánchez ha recordado que el acuerdo no fija un límite permanente de la subida del alquiler al 3%, sino que este 2023 se va a mantener el 2% en todos los contratos y, en 2024, el límite será del 3%, aunque «es un margen que se establece como máximo en 2024».
Así pues, ha explicado que el Gobierno tiene como objetivo aprobar un «índice específico» que sea el que determine cuál será la actualización de los precios del alquiler.
«Estamos hablando del índice de actualización de los contratos, otra cosa es el índice de referencia de los precios máximos del alquiler», ha aclarado, y ha insistido en que no se debe confundir el índice de precios de referencia (que se basa en el IPC) con el índice específico que se aplicará en las actualizaciones.
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