La Comunidad de Madrid pedirá un informe al Ministerio de Igualdad tras conocerse el caso de una opositora 'trans' a las pruebas para el cuerpo de Policía Local de Torrelodones que acudió con un poder notarial en el que señalaba su cambio de género, circunstancia que, sin embargo, no habría certificado para ser examinada en las pruebas físicas con los baremos para mujeres y no para hombres.
Así lo ha indicado este jueves el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, tras la publicación en el diario 'ABC' del caso de un aspirante a policía local de Torrelodones que se habría presentado a las oposiciones con un acta notarial donde indicaba que era una mujer transexual y, por lo tanto, debía realizar las pruebas físicas acorde a los baremos físicos femeninos, sin que certificara la inscripción de su cambio de sexo en el Registro Civil.
Para el consejero, lo primero que procede llevar a cabo es «asegurarse de que realmente ha cambiado el sexo» y, en segundo lugar, es pedir un informe al Ministerio de Igualdad para que interprete la norma «que han pertrechado con el Gobierno de España».
«Se tiene que solucionar este problema, esto pertenece al Estatuto Básico del Funcionario», ha subrayado Enrique López, quien ha advertido de que esto «se va a ver repetido en infinidad de ofertas públicas de empleo», por lo que ha sentenciado que «cuanto antes» se solucione, «mejor».
En cualquier caso, ha recalcado que «la solución definitiva» va a venir «por la derogación» de la 'Ley Trans', una norma que surgió, ha recordado el consejero, «para asegurar la igualdad efectiva y real de las personas 'trans'», pero que, sin embargo, ha generado «un problema que ya se venía advirtiendo» y que supone que, «queriendo asegurar la igualdad para las personas 'trans'», lo que se ha creado es «una gran desigualdad entre hombres y mujeres como consecuencia de la facilidad que la ley establece para poder cambiar de sexo en el Registro Civil».
DEBE REGULARLO EL GOBIERNO
A juicio del consejero, quién tiene que regular esto «es el Gobierno de España» a través del Estatuto Básico del Funcionario Público, pero ha advertido de que, en todo caso, «lo que está claro es que esta ley es un desatino, es un desacierto y va en contra de la mujer claramente», por lo que ha recordado que el Partido Popular ya ha adelantado que esta ley «será derogada en la próxima legislatura».
«Ha provocado graves problemas, lo está provocando y es una ley absolutamente desafortunada y que va en contra de la igualdad real entre hombres y mujeres», ha concluido el consejero.
Ante la información de 'ABC' y en relación a la consulta efectuada por el Ayuntamiento de Torrelodones sobre cómo actuar en un caso así, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se remiten al Gobierno central para «dicte criterio», puesto que las bases generales de selección de personal responden a una normativa estatal.
Asimismo, precisan que en los informes de las bases de convocatoria que puedan solicitar los consistorios, la Comunidad no puede entrar a valorar derechos fundamentales como es el sexo del aspirante, sino que debe regularlo el Estado.
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