María, una mujer de 70 años, y su hijo con una discapacidad reconocida del 41 por ciento han sido desahuciados este miércoles de su vivienda en la calle Garbinet, en el barrio Carolinas de Alicante. La familia, que pagaba el alquiler y residía desde hace diez años en el inmueble, ha sido desahuciada tras la compra del piso por parte de un 'fondo buitre'.
Según denuncian los colectivos que les apoyan, cuentan con todos los requisitos que les acreditan como vulnerables pero el Ayuntamiento no ha emitido un informe de emergencia habitacional para acceder a una vivienda social por la vía de urgencia.
El desahucio se ha ejecutado este miércoles, alrededor de las 10.30 horas. Allí se habían concentrado numerosas personas para tratar de parar el desalojo, encabezadas por el Sindicat de Barri de Carolinas, con pancartas que rezaban 'Alquileres sociales ya', 'Vivienda digna es una necesidad', 'Ni gent sense casa, ni cases sense gent' ('Ni gente sin casa, ni casas sin gente') o 'La avaricia rompe el barrio'.
El sindicato ha apuntado que «un abundante dispositivo de la Policía Nacional ha desalojado a rastras» a quienes se encontraban en la puerta de la vivienda, que intentaban detener el desalojo como último recurso desesperado" tras recurrir a los distintos procedimientos legales, según ha afirmado el miembro del sindicato Francisco Llopis.
«Estoy destrozada. Hay una impotencia de ver que no nos abren puertas, no ayudan, no dan soluciones», ha lamentado María en declaraciones a Europa Press. «La culpa la tiene el Ayuntamiento, las personas que pueden abrir las puertas, nos las cierran, no solamente a mí, hay mucha gente peor que yo», ha expresado con voz llorosa.
La mujer ha explicado que el desahucio no ha sido por impago, ya que pagaba los 300 euros de alquiler, cobrando una pensión de 750. Ahora, ha tenido que ir al piso de su hermana, viuda y con dos hijos, donde vivirá en una habitación junto con su hijo. "Mi hermana me puede aguantar un tiempo, pero ¿cuánto?, se ha preguntado.
En este sentido, ha señalado que no puede vivir de alquiler con el mercado inmobiliario actual porque «los pisos están de 500 euros para arriba». «No me puedo meter ahí con una pensión tan baja. Si me meto en un piso de 500 euros con la ayuda de algún conocido o alguien del sindicato, ¿cuándo se termine la ayuda qué hago si no puedo pagar la vivienda?», se ha preguntado.
María ha agradecido a las personas que han acudido a la concentración y que le ayudaron a vaciar la casa antes del desahucio y ha indicado que le han obligado a entregar las llaves. «He dicho que no me movía y han roto la puerta. Ha sido una situación muy mala para mí, además soy diabética y he sufrido un desmayo», ha señalado.
También ha explicado que, después del desalojo, ha recibido la llamada de una asistenta social, quien le ha indicado que este viernes tiene una cita con un centro social para exponer su caso y que lo estudien. En este sentido, se ha mostrado «asombrada» por no haber recibido solución habitacional, a pesar de cumplir los requisitos y haber presentado todos los documentos.
Exigen el informe de emergencia habitacional
Por su parte, Francisco Llopis ha señalado que han seguido todos los procedimientos legales disponibles, pero ha lamentado que «no ha habido respuesta». Así, ha cargado contra los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda y contra el juzgado que ha llevado el caso.
En la misma línea, ha exigido a los Servicios Sociales municipales que emitan el informe de emergencia habitacional para la familia de María, que permitiría que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) asignase «con carácter de urgencia una vivienda social a esta familia, que en estos momentos carece de alternativa habitacional».
«Cumplen con los requisitos, pero lo hemos solicitado en varias ocasiones y se han negado. Es un mero trámite burocrático que permitiría que la Conselleria de Vivienda activase una vivienda social», ha expresado.
"no quieren iniciar los trámites"
En este sentido, ha indicado que mantuvieron una reunión con la coordinadora de Servicios Sociales de Alicante y ha afirmado que no les dio «ningún motivo». «Consideran que la EVHA no tiene viviendas suficientes y no quieren iniciar los trámites, no hay razón más allá de la falta de voluntad, a pesar de que es lo que establece la normativa autonómica en términos de vivienda», ha expresado.
Igualmente, Llopis ha señalado que la familia de María realizó el procedimiento de solicitud a la EVHA «hace años», pero ha lamentado que «hay poquísimos pisos de vivienda pública a disposición de la gente que lo solicita». «Lo que permitía el informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento es saltarse toda esa espera y que se tramitara de urgencia», ha precisado.
Por otro lado, también ha lamentado que los juzgados de Alicante están rechazando el aplazamiento de desahucios, porque pese a que hay un decreto a nivel nacional, «es a criterio del juez, aunque las familias cumplan los requisitos».
Críticas de compromís y up
Al respecto, el concejal de Compromís Rafa Mas ha tildado esta situación de «especulación y mercadeo con la vivienda». «Afecta a mujeres mayores y con un hijo con discapacidad, es salvaje. No se entiende de ninguna de las maneras», ha lamentado. Al mismo tiempo, ha criticado al consistorio, porque considera que «tiene herramientas suficientes para paralizar y ofrecer una alternativa habitacional».
Por su parte, la concejala de Unides Podem (UP) Vanessa Romero ha subrayado que la emergencia habitacional es «uno de los grandes problemas» de la ciudad y ha aseverado que el primer edil, Luis Barcala, «no ha querido tramitar la declaración de urgencia para haberla podido realojar en una vivienda de la Conselleria de Vivienda».
«El gobierno de PP da la espalda a sus vecinas y vecinos, sobre todo en los peores momentos, además de llevar casi cuatro años sin ampliar el parque público de vivienda y no haber puesto interés ninguno en construir vivienda social en nuestro municipio», ha aseverado.
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